Por la investigación de un presunto fraude al Estado por 315 mil pesos, que el gobierno mendocino aportó para la contratación de los Fabulosos Cadillacs en la última Vendimia, el fiscal de delitos complejos Eduardo Martearena, imputó a dos empresarios sanjuaninos que estaban sospechados en la causa por su relación con la productora local Offside. Asimismo, el secretario-ministro de Turismo, Luis Böhm -fue quien firmó el contrato con los empresarios de Offside-, se convirtió ayer en el primer funcionario del gobierno de Celso Jaque acusado por el aporte oficial a la productora privada.
El lunes pasado el fiscal Martearena, decidió acusar formalmente a dos empresarios de San Juan por su "participación primaria" en la causa, mientras que 12 horas después, hizo lo propio con el funcionario Böhm.
En principio la pena que dispone la legislación para la participación primaria o principal en los delitos de fraude contra la administración pública, es de 1 a 6 años de prisión -la misma que el autor material del hecho-. Si bien es un delito excarcelable, la legislación actual ha dispuesto que el fiscal puede negarla cuando exista peligro de fuga del imputado o que su libertad entorpezca el desenvolvimiento de la causa o la obtención de prueba clave.
Los tres nuevos imputados -ya suman 7 los acusados formalmente por el fiscal-, se abstuvieron de declarar para que sus abogados tengan acceso a los detalles del expediente. Si bien desde la Fiscalía de Delitos Complejos no lo confirmaron, la vinculación de los productores sanjuaninos con la causa judicial, apunta no sólo a la relación de estos con Offside, sino a la sospecha de que estos empresarios sean los verdaderos inversores de la productora local.
Mientras tanto, para la Justicia, el aporte a la causa de los funcionarios del Estado involucrados en el hecho -el sanjuanino Raúl "Perruco" Leiva, jefe de asesores y amigo personal del gobernador; Alejandro Cazabán, secretario general de la Gobernación; Beatriz Barbera, Secretaria de Deportes; Pablo Catania, director de Comunicación; y Ricardo Scollo, secretario de Cultura-, ya no sería sólo testimonial. Es que el fiscal Martearena especula que a esta altura de la investigación, nadie cree que el Estado mendocino haya sido la víctima en su relación con la productora local Offside.