Luego de una audiencia de conciliación, el conflicto entre la empresa BASA, que maneja la Clínica Santa Clara, y la Asociación de Traumatología se resolvió, al punto que entre hoy y mañana "firmarán un nuevo convenio", indicaron desde ambas partes. El desacuerdo había llegado a su máximo punto cuando, el 1 de septiembre, la institución médica rescindió el contrato con la compañía, cuyo sanatorio tiene como pacientes principales a jubilados del PAMI. Eso derivó en que desde BASA acudieran a la Justicia, la que dispuso, al hacerle lugar a una cautelar, que los especialistas siguieron atendiendo debido a que se trata de un sector vulnerable y estaba en riesgo la salud. La disputa se destrabó luego de que, en estos meses, se fueran solucionando varios puntos, como la actualización de las prácticas médicas. El último eje fue la definición de una lista de "ocho médicos para cubrir la guardia pasiva", debido a que los profesionales de la salud pedían mantener un "padrón amplio de 80 médicos", dijo Ivana Vargas, gerente Administrativa y apoderada de BASA.

La audiencia se llevó a cabo ayer y estuvo encabezada por los jueces Juan Jesús Romero y María Josefina Nacif, de la Sala IV de la Cámara Civil, los que actuaron como mediadores. De hecho, ambos habían decidido que los traumatólogos siguieran prestando servicios por 60 días hasta que llegaran a un arreglo con la empresa.

Pablo Ramella, abogado de la Asociación de Traumatología, explicó que "se llegó a un acuerdo satisfactorio. Había algunos puntos que estaban discutidos y, con la buena predisposición de ambas partes, se va a volcar en un convenio entre mañana (por hoy) y pasado". El último punto en discusión eran "detalles mínimos que no tienen que ver con lo económico, sino con el staff médico que ha seleccionado BASA para la prestación del servicio". Vargas explicó que la asociación "quería que tengamos un padrón amplio de 80 médicos. Con una guardia como la de Santa Clara, en la que hay muchísimo movimiento, no podemos estar llamando a todos los profesionales para ver quién puede atender a una persona que se quebró a las tres de la mañana". Así, resolvieron seguir trabajando con una cartera de ocho profesionales para cubrir las guardias, "al margen de que llamemos a alguno de los otros médicos", agregó.

Si bien desde ambas partes dijeron que la cuestión económica no formaba parte del desacuerdo, cuando los traumatólogos le dieron de baja al contrato, reclamaron una actualización de los valores de las prácticas médicas, lo que también quedó plasmado en el expediente judicial, además de plantear condiciones de seguridad. Puntos que quedaron saldados.

Además de la cautelar, BASA había presentado una acción de amparo. El juez Luis Arancibia, del Tercero Civil, había resuelto que los traumatólogos siguieran atendiendo y prorrogó el plazo, además de rechazar el amparo. La empresa apeló y la Sala IV extendió la cautelar por 60 días, a la vez que dispuso que llegaran a un acuerdo al tratarse de un servicio esencial para un sector vulnerable.