El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por medio de su abogado, devolvió ayer la responsabilidad que le había endilgado el jueves Hebe de Bonafini en torno a quien se debería hacer cargo de los sueldos atrasados a los obreros que construyen viviendas del plan que lleva adelante esa entidad.
El letrado defensor de Schoklender aseguró que el sueldo atrasado a los albañiles es “un problema de la Fundación” Madres de Plaza de Mayo y no de su defendido.

La reactivación del conflicto tomó fuerza con la intervención del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien dijo que el reclamo de los obreros persiguió el objetivo de “desprestigiar” a las Madres.

Dirigentes opositores atribuyeron responsabilidad al Gobierno en las irregularidades e incluso lo acusaron de “arruinar el prestigio social” del organismo.

El abogado defensor de Schoklender, Adrián Tenca, concurrió a la sede de los tribunales federales de Comodoro Py y luego declaró que presentó documentos que acreditan que “Sergio Schoklender no integraba el Consejo de Administración y que éste gestionó, auditó y aprobó todos los mandatos realizados, entre ellos, los de Sergio”. Tenca dijo que intentaba “demostrar que mi defendido no integraba el Consejo de Administración y del balance surge que todas sus tareas fueron aprobadas por el Consejo de Administración con lo cual mal se le puede imputar una administración fraudulenta”.

Tenca aseveró que “el Consejo de Administración está integrado por Hebe de Bonafini y tres personas más” y sostuvo que “Schoklender no cometió ningún ilícito”.

Entre tanto, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, salió en defensa de Bonafini y opinó que el grupo de trabajadores que reclamó ante la presidenta de las Madres “fue un pequeño grupo que fue a provocarla a Hebe. Esto tuvo una repercusión mediática inusitada. Estaban haciendo eso para desprestigiar y tener esta actitud con Hebe”.

Sergio Schoklender, que en 1980 asesinó a sus padres y purgó una condena por parricidio, está imputado de “administración fraudulenta”, junto a su hermano Pablo y otras seis personas que trabajaban en la Fundación de las Madres.