Apenas asumió Marcelo Orrego la Gobernación, anunció que iban a revisar todas las designaciones de empleados estatales realizadas en el último tiempo que no se ajusten a la normativa. Luego de revisar la situación en cada repartición, la nueva gestión decidió comunicárselo a cada uno de los empleados, orden que quedó plasmada en el decretp 62/23.
Esto abrió reclamos judiciales y uno de ellos fue por parte del Sindicato Empleados Públicos (SEP) que logró un ampara que le puso un freno a estos despidos hasta tanto el juez escuche a las partes.
Luego de tener los argumentos de una y otra parte, el juez Héctor Rollán, quien está a cargo en turno en la Feria Judicial, resolvió rechazar el amparo y confirmar que el Gobierno de ató a derecho para tomar la medida.
En este contexto, ordenó el archivo del expediente, no dar trámite y/o expedirse respecto a las demás cuestiones planteadas, por haber devenido las mismas en abstracto, atento el modo en que se resuelve el planteo principal.
La decisión de la gestión orreguista generó un sismo en la Administración Pública el pasado mes de diciembre cuando en cada ministerio hubo una tensa calma a la espera de la resolución que le ponga nombre y apellido a los cesantes.