Los diputados aprobaron en la sesión de ayer un pedido de informes dirigido a la Corte de Justicia, para que diga si puso en práctica la ley que creó el registro de violadores, sancionada en 2009. El tema ya había levantado controversia el año pasado, cuando desde la Legislatura salieron a quejarse por la falta de aplicación de la norma. En septiembre remitieron a Tribunales el primer requerimiento, pero no obtuvieron respuesta y ahora decidieron insistir. La diputada basualdista Lucía Sánchez advirtió que el máximo tribunal, al no contestar, está incumpliendo una de sus obligaciones y habló de la posibilidad de iniciar un juicio político contra los cortistas si persiste la situación.

El registro en cuestión es una base de datos con el perfil genético de abusadores sexuales y violadores que se creó con la finalidad de resolver delitos contra la integridad sexual y su implementación depende de la Corte de Justicia. Se viene aplicando en provincias como Mendoza y Buenos Aires y en la práctica, sirve para comparar las muestras de ADN de los condenados con las que se levanten en la escena del crimen.

Sabiendo que la ley no se estaba aplicando, los diputados enviaron un pedido de informes a la Corte de Justicia el año pasado. Pero, según Sánchez, nunca llegó una contestación a la Legislatura. Por eso, ayer aprobaron por unanimidad uno nuevo para que los ministros del alto tribunal de Justicia digan si la norma está operativa y si no es así, que expliquen por qué.

La diputada opositora está al frente de la comisión de Seguimiento y Control Legislativo y ha sido la más crítica en dirección a la Corte. En septiembre sostuvo que “no hay voluntad” para implementar el registro y ayer volvió a arremeter contra los cortistas. Aseguró que “no respondieron el primer pedido de informes, hay una desobediencia hacia al Poder Legislativo”. Pasa que la Constitución faculta al parlamento a pedirle informes al Poder Judicial sobre la administración de justicia.

La basualdista no se quedó ahí. Dijo que si la Corte mantiene su negativa a dar explicaciones, “evaluaremos la posibilidad de presentar un pedido de juicio político”. La realidad de los números indica que un eventual planteo de destitución, necesitaría del apoyo de la mayoría oficialista en el recinto para prosperar.

Este diario intentó comunicarse con dos ministros de la Corte, pero fue imposible. De todos modos, Abel Soria Vega afirmó en noviembre que no es mala voluntad, sino que no cuentan con la aparatología y el software para comparar el perfil genético de todos los condenados por violación con las muestras que se recojan en la investigación de un delito de similares características.

Hasta ahí, el primer argumento. El mismo cortista dijo que estaban elaborando un proyecto para ampliar el registro y que se incluyan las muestras de ADN de delincuentes condenados por delitos graves, por ejemplo por homicidios. Hasta ayer, no había ingresado a la Legislatura ninguna iniciativa en ese sentido.

En la sesión de ayer hubo varios temas (ver foto), pero el fuerte estuvo en los pedidos de informes. Salió otro y también fue dirigido a la Corte, para que dé detalles de lo que está pasando con el servicio de justicia en Jáchal e Iglesia (ver ¿Poco personal?)