La mujer que denunció al intendente de Ullum, Daniel Albarracín, por usar los datos personales de su hijo con discapacidad para crear una supuesta empresa fantasma que le preste servicios al municipio, se retractó y apuntó hacia el diputado departamental, Leopoldo Soler. Según fuentes judiciales calificadas, dijo que fue presionada por el legislador, el concejal Alfredo Carrizo (que le responde a Soler) y la abogada Yanina Olmos, la patrocinante de la acción legal, para realizar la acusación. Pese a esa situación, en la Justicia no descartan que la denunciante haya dado marcha atrás por alguna otra razón y dijeron que la investigación seguirá para intentar establecer si hay elementos que justifiquen indagar al jefe comunal.
Para ello, están llevando a cabo medidas para verificar las versiones de la denunciante. En el caso de que no se haya cometido ningún ilícito a raíz de la denuncia y si el juez lo considera necesario a través de las pruebas que reunió, pude enviar la causa a un fiscal de turno para que investigue una posible falsa denuncia y si hubo presiones.
La situación se da en un departamento que se ha visto envuelto en una serie de revuelos en el transcurso de esta gestión (ver aparte). Sobre todo, por el enfrentamiento entre el intendente y el diputado. Ambos llegaron a sus cargos en 2011 de la mano del basualdismo, pero las diferencias salieron al poco tiempo y la pelea recrudeció cuando Albarracín regresó a las filas del justicialismo. El jefe comunal siempre dijo que su excolega estuvo detrás de la maniobra y éste manifestó que lo que dice el intendente “carece de sentido”. Sobre los dichos de la mujer, negó rotundamente haber realizado algún tipo de presión y resaltó que “no sé cómo se le puede ocurrir semejante barbaridad”.
El 16 de mayo, Mariela Benita Castro, una empleada contratada del municipio ullunero, radicó la denuncia contra el intendente por malversación de caudales públicos y administración fraudulenta. En el Primer Juzgado de Instrucción manifestó que Albarracín le ofreció una ayuda para su hijo que tiene un retraso madurativo y le pidió los datos personales. Después se enteraría que con esa información se habría creado una empresa que le facturaba servicios a la comuna y que los importes alcanzaban hasta los 50 mil pesos, indicaron las fuentes.
Sin embargo, luego declaró en sede judicial que recibió presiones de Soler, el concejal Carrizo y la abogada Olmos para hacer la denuncia. En esa segunda parte, reconoció que junto con su hijo le prestaron servicios a la comuna, que estaban inscriptos como monotributistas y que inclusive cobró cheques.
En el juzgado manejan la causa con cautela y señalaron que a pesar de la retractación, la investigación sigue su marcha. Según las fuentes, no desechan la posibilidad de que la retractación responda a presiones de la otra parte. Por eso, se están llevando a cabo medidas probatorias para comprobar o descartar si hubo una maniobra delictiva por parte del jefe comunal. Así, ya se secuestró del municipio documentación vinculada al emprendimiento a nombre del joven y se le ha enviado la documentación al Tribunal de Cuentas para que haga las pericias contables y opine si hay perjuicio fiscal.