En el transcurso del año, cerca de 950 empleados estatales ascenderán en sus puestos dentro del escalafón general. Es la segunda tanda de recategorizaciones en los últimos 18 años y genera expectativas entre los empleados públicos, ya que representa la posibilidad de conseguir un mejor sueldo al acceder a cargos superiores. Los cursos de capacitación comenzarán, por tandas, a mediados del mes que viene y además de aprobarlo, los elegidos para escalar en la pirámide deben estar al día con los impuestos provinciales o acceder a un plan de pago. Una vez que el trabajador cumpla con esos requisitos, irá obteniendo su ascenso, por lo que en el Gobierno calcularon que las promociones comenzarán a efectivizarse a partir de marzo.

El primer grupo de ascensos fue de 987, el cual se terminó de concretar en septiembre del año pasado. Estos agentes no tuvieron la obligación de llevar adelante la capacitación y estar al día con los impuestos, ya que la idea de llevar a cabo esas recategorizaciones fue la urgencia para recomponer la falta de movimientos por casi 20 años en la planta estatal. Es que desde 1996, las promociones estuvieron congeladas debido a que, en su momento, el Estado apeló a la contención del gasto por la crisis que atravesó la provincia y sólo hubo ascensos en áreas críticas como los docentes, médicos, policías y penitenciarios. Sin embargo, la gestión giojista impulsó en 2011 la ley de Modernización de Empleo que abrió la puerta para que los trabajadores puedan subir en la pirámide laboral.

Para el empleado, conseguir un ascenso se traduce en una mejora en su sueldo. Si bien en las escalas inferiores la diferencia económica es pequeña, los adicionales salariales repercuten de manera distinta si la categoría es más alta. Además, las promociones le permiten a un trabajador aspirar a concursar cargos elevados, como una jefatura de departamento. La apertura de las recategorizaciones forma parte del plan de Modernización de Empleo que lleva adelante la gestión giojista, que quedó plasmada en la ley que sancionó la Cámara de Diputados a fines de 2011. La norma también contempló el traspaso de 3.630 contratados a la planta permanente del Estado, que fue un reclamo de los gremios debido a la precaria situación laboral en la que se encontraba ese sector (ver foto).

Para poner en práctica los ascensos, el Gobierno diseñó un sistema en el que a cada repartición se le asigna una serie de puntos o créditos, los cuales se generan por un valor asignado a la categoría que deja un trabajador cuando se jubila, renuncia o fallece. Así se forma un paquete de puntos por el total de bajas en cada área, cuyo titular lo puede destinar a promocionar a un agente o inclusive, a incorporar un nuevo empleado. Por esa razón, los retiros ahora generan expectativas y en el Ministerio de Hacienda se creó una unidad especial que hace el seguimiento de los trabajadores e intima a aquellos que estén en condiciones de jubilarse para que así lo hagan. Con respecto a los casi mil ascensos, estos fueron propuestos por cada una de los ministerios y secretarias de Estado a la Secretaría de la Gestión Pública. En el listado hay empleados que subirán entre 1 y 3 categorías y habrá movidas en casi todas las reparticiones.

Los estatales que quieran trepar en la pirámide laboral deberán hacer un curso de capacitación que será similar, en cuanto a la mecánica, al que realizaron los contratados para ingresar a la planta. El mismo será de una semana y los trabajadores deberán aprobar el examen final. Las clases se dictarán en las aulas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con docentes de la casa de altos estudios y personal de Gestión Pública. Se calcula que empezará a mediados de febrero y se irá realizando por grupos a definir, debido a la cantidad. Además, los agentes no deben tener deudas en los impuestos Automotor e Inmobiliario, o por lo menos acceder a un plan de pagos. De esa manera, el Estado también implementa una medida de matriz recaudatoria y se asegura que el trabajador público no sea deudor de quien a su vez es su empleador. Por otro lado, los estatales no deben tener antecedentes penales y pasar el examen médico.