El Presidente de la Nación tomó una decisión. Entre los seis postulantes que había para ocupar las dos vacantes del Tribunal Oral Federal (TOF) de la provincia eligió a dos secretarios que se desempeñan en el mismo órgano judicial. Se trata de Daniel Doffo y Eliana Rattá. A su vez, está última, se convertirá en la primera mujer en integrar el cuerpo colegiado desde que fue creado en 1994. Si bien falta la aprobación del Senado, es un hecho que ambos serán designados como jueces federales debido a que se descarta que haya oposición a sus postulaciones. Y aunque habría tiempo para que el nombramiento se dé este año, es casi seguro que tendrán el OK en 2019, indicaron fuentes calificadas.

Los pliegos de Doffo y Rattá salieron el viernes 9 de la Casa Rosada con la firma de Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, e ingresaron al Senado el martes 13. Los mismos fueron remitidos, junto con otras carpetas de distintas jurisdicciones, a la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta que tiene por función tratar los pedidos del Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de funcionarios públicos. Ahora, la comisión que preside el salteño Rodolfo Urtubey debe definir qué día serán las audiencias para entrevistar a los secretarios locales, para luego emitir un dictamen que será tratado en una sesión en el Senado. Dado que el trabajo legislativo termina este mes, por eso los nombramientos serán el año que viene.

El TOF es un órgano clave, ya que se trata de un cuerpo de magistrados que lleva adelante los debates y dicta sentencias por delitos de competencia federal. Estos son casos resonantes como narcotráfico, evasión fiscal, secuestro extorsivo, trata de personas, contrabando y causas de corrupción en organismos nacionales con asiento en San Juan. Desde su creación, hace 24 años, sólo cuatro personas han pasado por el Tribunal. Los primeros fueron Walter Moreno Ferrer, Juan Carlos Turcumán y Carlos Parra. El primero dejó su lugar en 2006 por invalidez, aunque se encontraba jaqueado por un pedido de Jury de Enjuiciamiento (Ver aparte). En su lugar fue designado en 2009 Hugo Echegaray, el actual presidente.

Una de las vacantes en el TOF representó una verdadera deuda pendiente, ya que Turcumán dejó su puesto en 2010 para acogerse al beneficio de la jubilación y hasta ahora no tenía un reemplazante. Con esa baja, sumado a inhibiciones del resto de los integrantes, el Tribunal no tuvo una composición plena, al punto de que en muchas causas tuvieron que participar jueces subrogantes de Mendoza, San Luis e incluso Buenos Aires, con la correspondiente demora en las resoluciones.

Quién también siguió el mismo camino fue Carlos Parra, que a principio de este año presentó su dimisión, pero la composición actual del Consejo de la Magistratura de la Nación aceleró su recambio y unificó el concurso por su reemplazo con el que ya estaba en marcha por Turcumán. Luego de pasar el filtro del examen escrito, los antecedentes y las entrevistas, el órgano nacional conformó las ternas para cubrir los dos cargos, las cuales estuvieron compuestas por la sanjuanina Gema Guillén, Rattá y Sergio Delgadillo, mientras que la segunda quedó integrada por Doffo, Soledad Mancini y Facundo Cortés.

Los puestos en el TOF brindan una cuota de poder, ya que se trata de jueces que tienen que definir la responsabilidad penal o no de un sospechoso. Además, son cargos apetecibles por su remuneración: el salario supera los 180 mil pesos de bolsillo, dijeron las fuentes.

Una salida polémica

En febrero de 2007, el Consejo de la Magistratura de la Nación decidió rechazar el procedimiento de remoción contra Walter Guillermo Moreno Ferrer, debido a que el magistrado ya había presentado su renuncia al cargo de juez del Tribunal Federal. La denuncia la habían iniciado en 2006 empleados del tribunal, quienes sostenían que Moreno Ferrer tenía una conducta irregular como magistrado. Entre los motivos que expusieron figuraban el incumplimiento reiterado del horario de trabajo, haber nombrado a su "conviviente" en el órgano judicial y haber utilizado un automóvil secuestrado judicialmente para uso personal. La denuncia señalaba que el maltrato por parte del exjuez contra los empleados era constante e incluso llegó a calificar a algunos de "traidores".