Nadie imaginaba que el juez Leopoldo Rago Gallo iba a ordenar allanar de nuevo uno de los domicilios que ya había requisado en el escandaloso caso de la facturas truchas y los borrados de deuda de la AFIP. De manera repentina decidió el miércoles un operativo en la casa del gremialista implicado, Manuel Francisco Montiveros Miranda, y la Policía Federal se encontró con la sorpresa de que en el lugar había una pila de documentación que antes no estaba. Fuentes calificadas aseguraron que la prueba secuestrada se refiere a las maniobras perpetradas por la presunta asociación ilícita que está bajo investigación y que podría ser vital para la causa.

El allanamiento comenzó a las 23 y terminó pasadas las 24. En todo ese tiempo, los efectivos de la fuerza de seguridad nacional revisaron a fondo cada rincón y cargaron en grandes cajas la documentación que encontraron.

Montiveros Miranda es el secretario Adjunto a nivel cuyano del gremio que nuclea a los empleados de la AFIP, es uno de los imputados de ser partícipe de la red delictiva y su casa ya había sido allanada el 3 de junio, días antes de que fuera detenido. Las fuentes revelaron que en aquella oportunidad no estaba la evidencia que se secuestró ayer. De ahí que concluyen que el sindicalista o algún supuesto cómplice trasladó hasta allí la documentación, pensando que no iba a haber otro allanamiento en el lugar.

Las fuentes no dieron detalles de la prueba, pero aseguraron que tiene relación con los supuestos servicios que prestaba la banda. Aparentemente, sus integrantes coordinaban acciones para suprimir la deuda que empresarios de San Juan y Mendoza registraban con la AFIP y vendían facturas truchas para simular gastos que sólo tenían como objetivo evadir el pago de impuestos.

La evidencia quedó bajo la custodia del juzgado que encabeza Rago Gallo. Y, según las fuentes, la semana que viene será analizada por los peritos del organismo judicial y técnicos del organismo recaudador nacional, que fue quien hizo la denuncia que disparó la investigación y se constituyó como parte querellante.

Como empleado de la AFIP, Montiveros está sospechado junto a tres compañeros de hacer las veces de contacto interno para eliminar las obligaciones con el fisco que tenían los empresarios involucrados. El juez lo mandó el detener el 16 de junio, varios días después del allanamiento. Entre un hecho y el otro, habló con DIARIO DE CUYO y se despegó de todo: aseguró que “espero que todo esto se aclare y se llegue a la verdad”, dijo que “hasta donde conozco, no me consta” que se borrara deuda y aclaró que “apoyo la actividad investigativa”.

Por el momento, en la causa hay 11 detenidos. Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari están sindicados como los jefes de la organización. A Luis Alberto Alé, Julio Andrés Ayala, Daniel Guillermo Fornari (hijo de Daniel Humberto) y Ricardo Raúl Peña les endilgan hacer los contactos con los empresarios para ofrecer los servicios y vender facturas apócrifas. El propio Montiveros y sus compañeros Rubén Darío Falcón, Adrián Collado y Walter Prividera están acusados de encargarse de manipular los datos de la AFIP. Mientras que el empresario Edmundo Novelli, está imputado de ser uno de los beneficiarios de la supresión de sus obligaciones impositivas.

Uno de los hijos del sindicalista, Germán Alejandro Montivero Belmonte, también está implicado y se encuentra prófugo. Lo acusan de ser el nexo con los empleados de la AFIP.