Luego de las expresiones del ministro de Hacienda de la provincia, Aldo Molina, quien manifestó su molestia con algunos intendentes y los acusó de hacer ‘demagogia barata‘ cuando conceden incrementos salariales a su personal, cuatro de los jefes comunales, correspondientes a 9 de Julio, Caucete, Calingasta y Rivadavia, expresaron su sorpresa por la acusación del funcionario.
Los que respondieron habían sido mencionados por el titular de Hacienda como los que hicieron planteos ante el gobernador José Luis Gioja por la escasez de recursos para hacer frente a la mejora de los sueldos de los empleados municipales.
‘Me ha sorprendido el ministro porque las relaciones siempre han sido excelentes‘, dijo el titular de la comuna de 9 de Julio, Walberto Allende. ‘Si se ha referido a mí, lo que puedo responder es que no hago demagogia, no es mi forma de actuar‘, agregó.
Desde Calingasta, Robert Garcés sostuvo que ‘lo mío no es hacer demagogia. Y puedo citar que no es lo mismo un ladrillón puesto en San Juan y otro puesto acá, la diferencia es importante‘.
‘Acá hace falta un sinceramiento porque si tengo una planta de empleados chica al final me terminan castigando‘, añadió.
Juan Elizondo, intendente de Caucete, afirmó que ‘demagogia es algo que nunca he practicado, creo que es una expresión que se le puede haber escapado al ministro‘.
La intendenta de Rivadavia, Ana López de Herrera, dijo que ‘me sorprenden cuando aparecen estas declaraciones del ministro porque es mi responsabilidad reclamar lo que nos corresponde‘.
Y explicó que en su departamento hay una situación de una ‘planta de personal no reconocida y por eso la legitimidad de nuestro planteo‘.
Las expresiones del ministro tuvieron lugar en un contexto en el que había trascendido que algunos intendentes manifestaron sus quejas porque no les alcanzaban los recursos que dispuso el Gobierno provincial para ayudarlos a hacer frente a un incremento salarial para las plantas de empleados municipales. Pero nadie lo dijo en voz alta por temor a que los planteos no cayeran bien en el Ejecutivo provincial.
Fue luego de que el Gobierno concediera a los empleados de la administración pública provincial una mejora del 25 por ciento, a partir del 1ro de marzo, incluidos los maestros. Y los únicos que aún no cierran la negociación son los médicos.
Luego, por ley de la Cámara de Diputados, dispuso una ayuda adicional de 40,7 millones de pesos para que los municipios pudieran hacer frente a la mejora, pero todo sujeto a la decisión de cada jefe comunal porque los municipios son autónomos.
La pelea por el reparto de los recursos entre los municipios no es nueva y ya hubo antecedentes de proponer cambios, que surgieron del intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, una idea que es acompañada por la mayoría de los jefes comunales.
Cada municipio recibe periódicamente fondos de la coparticipación para manejar sus administraciones. Para este año la Ley de Presupuesto estableció una partida de 537 millones de pesos por ese concepto. Además existe un Fondo de Emergencia Municipal, que se usa para casos excepcionales, como pueden ser cuestiones climáticas.
Pero, aún así, los intendentes dicen que no les alcanza. Por ejemplo Garcés dijo que si este año la provincia mejoró sus ingresos por la coparticipación, el beneficio debería llegar a los departamentos.