Después de caerse la licitación que lanzó la gestión anterior, apareció una nueva alternativa para que San Juan cuente con el sistema de pulseras electrónicas destinadas al control más estricto de condenados por abusos sexuales o presos con salidas transitorias. La Nación extendió a las provincias un programa de seguridad que prevé financiar con recursos propios la implementación del mecanismo y la gestión uñaquista tomó el guante, aunque no quiere dar nada por hecho hasta que esté la plata. El Ministerio de Gobierno está preparando un pedido formal para disponer de unos 30 dispositivos y el monitoreo de los mismos.
La idea de ponerles pulseras electrónicas a los reos que requieran los jueces nació el año pasado, cuando la administración giojista lanzó una licitación para contratar el servicio. Pero hubo falencias formales de la única empresa oferente y el proceso se cayó.
El Gobierno de Sergio Uñac estaba estudiando una nueva licitación a cargo de la provincia, hasta que a mediados de este mes surgió la opción del financiamiento nacional. A través de la resolución 86/2016, el Ministerio de Justicia de la Nación resolvió ampliar el ‘Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica’ y poner los recursos para que se aplique en el interior. En los fundamentos, dice que la intención es que el método se extienda por todo el país.
El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, ya tiró las primeras líneas para que San Juan ingrese al programa sin tener que poner dinero y hará gestiones con Juan Mahikes, el Subsecretario de la Nación de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios. El valor del servicio depende de los dispositivos a monitorear: de acuerdo a los antecedentes, varía entre 5 mil y los 7 mil pesos por mes cada uno y a la provincia no le costaría nada.
En la gestión uñaquista son prudentes y no hablan de plazos. Es que si bien el ofrecimiento está, hay planes nacionales que suelen diluirse por distintos motivos y prefieren no anunciar nada hasta que esté todo listo.
Las pulseras, que desde hace algún tiempo funcionan en distritos como Buenos Aires y Mendoza, se usan para hacerles un seguimiento cercano a condenados que salen temporal o definitivamente de la cárcel, en un intento por ganar en prevención y seguridad. La ley dice que es obligatoria para violadores y abusadores sexuales, pero hay jueces de otras jurisdicciones que también la disponen para penados por violencia familiar y los que tienen salidas transitorias.
Si el reo se acerca a la víctima, viola la detención en su casa o no regresa a tiempo la cárcel, el dispositivo emite una señal electrónica que alerta de inmediato a un centro de monitoreo instalado en Capital Federal y este, a su vez, avisa a la Policía de la provincia para que actúe (ver infografía). Lo mismo sucede si destruye o se saca el dispositivo.
En el caso de los delitos sexuales y violencia familiar, se busca evitar la reincidencia y proteger a la víctima. Se define un radio mínimo de distancia y si el delincuente no lo respeta, se dispara el alerta.
En San Juan, la que está a cargo de los condenados es la jueza de Ejecución Penal, Margarita Camus. En marzo le dijo a este diario que son 10 los penados por delitos sexuales a los que les cabrían las pulseras si salen antes por algún beneficio, ya que el castigo se les impuso después de la vigencia de la ley (data de 2013). Por lo pronto, contó que uno ya pidió la libertad condicional y podría ser el primero; mientras que otros dos están cerca de llegar al plazo para solicitar el régimen.
Para los presos sin condena excarcelados por delitos graves, no hay uniformidad. Algunos especialistas dicen que se les puede aplicar el sistema y otros que no, porque sería limitar la libertad y la intimidad de alguien que aún no fue declarado culpable.