Su nombre es Gloria Verónica Chicón, desde diciembre de 2020 es jueza del fuero Penal del Poder Judicial de San Juan y quedó en evidencia por cometer una serie de anomalías que le valieron una sanción por parte de la Corte de Justicia. Tras comprobarse en un sumario administrativo que faltó sin permiso a su trabajo durante casi una semana y que abandonó la jurisdicción sin dar aviso como manda la ley, fue suspendida en el cargo por el término de 20 días. Como si eso fuera poco, en el marco de la investigación, se descubrió que no tuvo mejor idea que mentir para tratar de justificarse y tapar todo. 

Diario de Cuyo tuvo acceso exclusivo a la resolución de la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia que ordena la sanción para la jueza. La misma consiste en una suspensión entre el 7 y el 26 de este mes sin goce de haberes, por lo que de su sueldo de diciembre le deberán descontar el equivalente a 20 días.

Los dolores de cabeza autoinfligidos por Chicón comenzaron en mayo, cuando se ausentó 4 días de su trabajo sin ninguna justificación. Según la resolución, el 10, 11, 12 (13 y 14 cayeron fin de semana) y 15 no se presentó en su lugar de trabajo y tampoco asistió a una reunión obligatoria con el por entonces presidente del máximo tribunal, Guillermo De Sanctis. Todo eso, a pesar de que no estaba de licencia ni contaba con una autorización especial para faltar. 

Pero eso no fue todo, porque de la resolución surge una falta considerada más grave todavía: que abandonó la jurisdicción y no avisó. Esto significa que salió de la provincia y no cumplió con el mandato que tienen los magistrados de advertir a la Corte de Justicia cada vez que, estando en funciones, van a viajar más allá de los límites de San Juan.

Para ocultar que abandonó la jurisdicción y sus inasistencias, según la resolución, Chicón llegó a "alegar falsas causas". ¿Cuáles fueron? Fuentes calificadas aseguraron que en esos días afirmó que permanecía en la provincia y pidió tomar audiencias por Zoom, cuando en realidad se comprobó a través de la Dirección Nacional de Migraciones que se encontraba fuera del país. Significa lisa y llanamente que mintió con tal de zafar del aprieto en el que quedó, sin advertir que alguien podría solicitar informes al organismo nacional y ser descubierta. 

Chicón, que es jueza de primera instancia del sistema acusatorio, es decir el nuevo modelo que aplica la justicia sanjuanina para investigar y resolver las causas penales, fue encontrada responsable de violar distintas normativas que regulan la actuación y buena conducta de los magistrados y el funcionamiento del aparato judicial. 

Por sus faltazos injustificados y no avisar que dejaba la jurisdicción, la Sala de Superintendencia entiende que Chicón violó el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El mismo dice que los jueces deben asistir puntualmente a sus despachos los días hábiles y los inhábiles en caso de que el servicio lo requiera y que deben concurrir a las salas de audiencia. Fija, además, que si no pueden cumplir esas obligaciones, deben avisarle al superior.

Por otro lado, le enrostran incumplir el Acuerdo General 24/98 de la Corte de Justicia y la Ley de Ética Judicial. El primero establece que la conducta de los magistrados debe ser "irreprochable" y la segunda, que "el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta funciones" y que "debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos". 

* Otras sanciones a magistrados

En agosto de 2018, la Corte de Justicia castigó con 30 días de suspensión, sin goce de haberes, al exjuez Penal Pablo Flores, debido a que una auditoría arrojó demoras e irregularidades en el manejo de más de 60 expedientes. Luego, el entonces magistrado renunció para evitar un jury de enjuiciamiento en su contra, dado que había sido denunciado por entregarle de manera irregular una camioneta a un exjefe del Depósito Judicial. 

En octubre de 2022, le máximo tribunal también suspendió, sin el cobro de su remuneración, por 20 días al juez de Flagrancia Carlos Lima por desplegar "una conducta inapropiada e irrespetuosa, reiterada y concordante" contra empleadas de su tribunal. En junio de 2021, hubo un castigo contra el juez Civil Carlos Rollán por utilizar términos "despectivos, humillantes, de extrema subestimación" contra una agente judicial por su condición de mujer. La sanción fue de suspensión por 15 días, sin la percepción de su salario.

Además, la Corte había multado con poco más de 35 mil pesos al juez de Menores, Jorge Toro, debido a su actuación irregular en un juicio por la violación a una menor, dado que había indagado al acusado en una etapa que no correspondía, además de que lo cuestionaron por la "reticencia" en brindarle protección a la víctima al no renovar la prohibición de alejamiento del imputado y la demora en el avance de la causa. En agosto de ese año, salió a la luz la sanción de multa contra la jueza de Menores María Julia Camus, quien, en una etapa que no correspondía, había adelantado opinión en el inicio del juicio al considerar que el imputado había cometido un delito diferente del que venía acusado y sostuvo esa postura a la hora de dictar sentencia.