La decisión se emitió el jueves y se dio a conocer el último día de la semana. Inmediatamente, en La Pampa salieron a festejar, ya que entendieron que se trata de un fallo favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia en el reclamo que esa provincia inició contra la construcción del dique El Tambolar. En la vereda opuesta, en el Gobierno local pusieron paños fríos y le restaron importancia a la resolución del máximo tribunal del país, debido a que ordenó remitir informes técnicos y socioambientales de la obra en 30 días. En el Ejecutivo sanjuanino aclararon que se trata de una instancia administrativa previa, que sólo apunta a que se brinde información, pero que no resuelve la cuestión de fondo que planteó la administración pampeana. Esto es, que la ejecución de la obra hidroeléctrica se vea paralizada porque perjudica los recursos hídricos de La Pampa, al entender que el Río San Juan integra la Cuenca del Desaguadero, algo que en San Juan niegan categóricamente.

El que salió a responder sobre la movida pampeana fue el fiscal de Estado, Jorge Alvo, luego de que la agencia provincial de noticias de dicha provincia publicara que "la Corte falló a favor de La Pampa en el reclamo por la represa El Tambolar". Incluso, a través de las redes sociales, el gobernador de esa provincia, Sergio Ziliotto, remarcó la información al expresar que "¡seguimos defendiendo nuestra soberanía hídrica!".

Al ser consultado, Alvo sostuvo con dureza que es "falsa" la información, dado que, "lo que ha resuelto la Corte Suprema, previo a darle trámite a la causa, es pedir una serie de informes, a organismos como Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), la declaración de impacto ambiental y todos los trámites que se hicieron con motivo de la construcción del dique. Eso es todo". Incluso, el fiscal de Estado resaltó que el máximo tribunal "ni siquiera ha emitido una resolución sobre su competencia", planteo que hizo el organismo que defiende el patrimonio local, ya que entiende que la Corte Suprema no puede tomar intervención porque no existe un conflicto interjurisdiccional porque el Río San Juan no sale de la provincia y, por ende, no integra la Cuenca Desaguadero. Según dijo Alvo, "previo a resolver cualquier cuestión, era seguro que los cortistas iba a pedir informes, porque no tienen conocimiento de lo que están tratando". La solicitud de documentación a San Juan no fue lo único que definió la Justicia, debido a que también se la pidió a la Nación al ser el ente financiador y otro de los demandados por La Pampa.

El conflicto judicial entre ambas provincias, en la que está incluida la administración central apoyando a San Juan, se inició en 2018, cuando el entonces gobernador pampeano Carlos Verna presentó un amparo para frenar la construcción de El Tambolar. Se trató de la primera acción judicial contra San Juan por un dique en estas tierras, ya que, antes, los reclamos habían sido sólo ante Nación por los embalses Los Caracoles, Punta Negra, Ullum y Cuesta del Viento. En ninguno de los planteos anteriores hubo respuestas de autoridades nacionales.

Tras la decisión del máximo tribunal, el exgobernador Verna celebró en Twitter que "este reconocimiento, por parte de la Corte a nuestra provincia, no hace otra cosa que ratificar que la lucha iniciada para el reconocimiento de derechos cercenados y el desarrollo postergado de algunas zonas de nuestra provincia no podía esperar más". Alvo remarcó que San Juan "no forma parte de la Cuenca del Desaguadero".

Otra demanda

Este año, La Pampa demandó a San Juan para que integre la Comisión de Cuenca Desaguadero-Salado para la regulación de ríos locales, junto a los de Mendoza y Neuquén. En ese caso, interviene la Corte Suprema.