Cuando apenas queda un día de actividad en la Justicia Federal por las fiestas de fin de año y el comienzo de la feria del verano, no hay avances en la investigación judicial por la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, según confirmaron fuentes judiciales. Ambos se fugaron del Hospital Militar Central el 25 de julio pasado y por eso el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11 de Capital Federal, Claudio Bonadío, inició una causa penal. Los prófugos son parte de los 73 fugitivos en expedientes vinculados a delitos de lesa humanidad que hay en el país, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Nación.
Olivera y De Marchi escaparon luego de haber sido trasladados desde el Penal de Chimbas, en San Juan, al de Marcos Paz y de éste último al Hospital Militar, en Capital Federal. Unos días antes habían sido condenados a cumplir duras penas en prisión en un histórico juicio que involucró a cinco represores más y que llevó un año y ocho meses de trabajo (ver aparte).
Desde el pedido y autorización del traslado, por actuación de los jueces federales sanjuaninos Miguel Angel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, la intervención de familiares, los contactos con otros acusados de crímenes durante la última dictadura y la ingeniería financiera de los prófugos, todo está bajo investigación por la sospecha de que Olivera y De Marchi tuvieron colaboración externa. Y es lo que está investigando el juez Bonadío, pero sin resultados hasta el momento, según señalaron las fuentes consultadas.
De los 73 prófugos que hay en el país, la jurisdicción con mayor cantidad de imputados en estado de “rebeldía” es la de Cuyo, con 21, como consecuencia de imputaciones y órdenes de detención masivas dictadas este año. Según el fiscal Dante Vega, a cargo de la oficina que interviene en los casos por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en Cuyo, que abarca a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, el alto número se debe a que ‘durante los últimos meses se solicitaron imputaciones dirigidas contra más de 50 integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad‘. De esos 21, 5 son de San Juan, que son, además de Olivera y De Marchi, Carlos Luis Malatto, Eduardo Vic y Jorge Páez.
El informe, publicado en la página www.fiscales.gob.ar, señala que los datos del relevamiento se hicieron tomando como base los reportes de todos los fiscales federales que intervienen en los procesos judiciales en donde se juzgan los delitos del terrorismo de Estado.
Más de la mitad de los 73 prófugos, es decir 45, eran integrantes de las Fuerzas Armadas, mientras que los restantes revistaban en fuerzas de seguridad o eran civiles.
La mayoría de los militares, 38, pertenecían al Ejército, otros seis actuaron en la Armada, uno en la Fuerza Aérea y cinco prestaban funciones en la plantilla del Personal Civil de Inteligencia (PCI).
De las prófugos ex integrantes de fuerzas de seguridad, doce eran policías federales, cuatro policías provinciales y uno, integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense. En tanto, cinco de los prófugos son civiles.
La nómina se completa con 6 militares uruguayos, participantes en el “Plan Cóndor”.