Tras nueve años, la disputa judicial por unas 50 hectáreas del lecho del río San Juan sobre las que la empresa Agrícola Zoberano amplió sus plantaciones tuvo una definición. La Corte de Justicia local rechazó un último planteo de la compañía, por lo que quedó firme un fallo de primera instancia, el cual ordena que la firma debe retirar sus cultivos en un plazo de 40 días a contar desde fines del mes pasado, deshacer los cambios que hizo y restituir el cauce a su estado natural, aseguraron fuentes judiciales. Era el único litigio sobre la llamada línea de ribera, el límite jurídico entre el dominio privado del público en ríos y arroyos, por ejemplo. Dicha delimitación no está trazada en la provincia (ver recuadro), pero después de todo el trámite en la causa Zoberano, el máximo tribunal judicial ya sentó posición sobre el tema.

La dimensión del espacio que la empresa ocupó en el lecho del río es equivalente a cinco Parques de Mayo. En el lugar, Agrícola Zoberano había plantado uva y frutas de carozo, según el expediente. Ahora deberá retirar todo lo que esté en el lecho del río, lo que implicará una cuantiosa inversión. Fuentes ligadas al caso señalaron que representantes de la empresa ya están buscando audiencia con autoridades de Gobierno para, al parecer, cumplir con la sentencia judicial.

La causa había provocado revuelo, ya que la compañía había cuestionado un fallo en su contra y el planteo llevaba más de dos años y medio en la Corte sin resolución. Los plazos del máximo tribunal quedaron en la mira luego de que trascendiera que el excortista Juan Carlos Caballero Vidal tenía 40 causas paralizadas desde 2008 a 2017. Incluso el ministro Guillermo De Sanctis había señalado que la Corte no puede demorarse más de un año calendario en definir los recursos que le llegan. En la puja por la llamada línea de ribera, los cortistas Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y Abel Soria Vega rechazaron el 22 de marzo la última movida de Agrícola Zoberano, aunque el fallo trascendió esta semana.

La causa se originó tras una demanda que realizó Fiscalía de Estado contra la empresa debido a que ocupó terrenos del río San Juan (ver infografía). La empresa había rechazado la demanda porque, como dueña de un inmueble ubicado sobre la ribera del río, había adquirido los terrenos que están en conflicto por "aluvión", esto es, que se incrementó la cantidad de tierra fruto del arrastre de la corriente del agua. El juez Abel Soria, del Civil Nº11, dijo que no se dio el supuesto aluvión sino todo lo contrario: "Se ha acreditado que fue fruto de la actividad del hombre tal acrecentamiento". Agrícola Zoberano apeló y la Sala I de la Cámara Civil le hizo lugar al señalar que "se requiere tener certeza sobre la línea interna y externa de la ribera del río, porque es la única manera de establecer la separación del dominio público de la propiedad privada". Fiscalía de Estado recurrió a la Corte, que en esa instancia coincidió con Soria al señalar que "si el sólo hecho de la falta de delimitación de la línea de ribera justificara una invasión del lecho del río, tal razonamiento podría ocasionar un verdadero caos, ya que todos los ribereños podrían arrogarse derecho a ganarle tierra al río e inclusive modificar su cauce". El máximo tribunal anuló el fallo de segunda instancia y la Sala II de la Cámara Civil emitió uno nuevo, que rechazó la apelación de la empresa contra la resolución del juez Soria. Agrícola Zoberano cuestionó esa sentencia y la Corte le volvió a asestar un revés.

Pago

18 mil pesos fue el monto que estableció en su sentencia de 2009 el juez civil Abel Soria, el cual debe pagar Agrícola Zoberano en concepto de gastos. Con su fallo firme, la suma debe actualizarse por la cantidad de años y a tasa pasiva.

Cronología

El juez Abel Soria, del Civil Nº11, dispuso que Agrícola Zoberano se retire del lecho del río y que restituya el cauce a su estado natural.

La Sala I de la Cámara Civil le hizo lugar a la apelación de Agrícola Zoberano y así, rechazó la demanda que realizó Fiscalía de Estado.

La Corte de Justicia anuló el fallo de la Sala I de la Cámara Civil y dispuso que un nuevo tribunal analice la apelación de la empresa.

La Sala II rechazó la apelación de la empresa y esta acudió a la Corte. El planteo pasó en diciembre a Fiscalía General, que resolvió en tres meses.

La delimitación que falta

San Juan es una más de las provincias que carecen de la línea de ribera, la línea jurídica que delimita el dominio privado del público en ríos, arroyos, espejos de agua y glaciares. Por esa ausencia, se fueron sucediendo varios problemas. Entre los más llamativos figuran la posibilidad de que el barrio Mariano Moreno haya invadido el dominio público del lecho del río o que un productor ganadero podría estar obligado a detener un emprendimiento en Marayes porque no fue advertido oportunamente que se instalaba en tierras públicas. En ese lote de inconvenientes se encontraba la disputa de Fiscalía de Estado con la empresa Agrícola Zoberano, pero la Corte de Justicia ya sentó posición. En su fallo, señaló que "la falta de línea de ribera daría vía libre a los propietarios de fundos ribereños para modificar el curso del río". En ese marco, coincidió con el juez de primera instancia.