La versión corrió con fuerza en los pasillos del Centro Cívico y fue confirmada por fuentes calificadas. En el Gobierno apuntan a desplazar a las tres autoridades del Tribunal de Tasaciones: Omar Blanco, Ramiro Cascón y Alfredo Ceballos. Los tres habían sido designados al filo del cierre de la gestión uñaquista y trascendió que ya les comunicaron verbalmente que les darán de baja a sus nombramientos. Inclusive, circuló que sólo les han pagado sus salarios hasta el 10 de diciembre.
El tema sale a la luz luego de que el Ejecutivo le diera de baja a la extensión de contratos de personal y a los traspasos a planta permanente de los trabajadores que no cumplieran con los seis meses de antigüedad exigidos por la Constitución para alcanzar la estabilidad. Como contrapartida y como uno de los motivos, el uñaquismo en la Legislatura se impuso ante el oficialismo en la designación de cargos en el Consejo de la Magistratura y en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).
El Tribunal de Tasaciones es un organismo técnico que se encarga de ponerle precio a los inmuebles que el Estado quiere adquirir. Blanco estaba al frente como interventor, luego de que exintegrantes del organismo quedaran bajo la lupa de la Justicia por el escándalo de la megacausa de las expropiaciones. Por su parte, Cascón era el secretario del Agua de la anterior administración, mientras que Ceballos conducía Vialidad provincial. Los tres fueron designados como miembros permanentes por Uñac y por el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, el 14 de noviembre del año pasado, en el marco del proceso de normalización del funcionamiento del Tribunal, justamente, luego de la intervención dictada en su momento por el exgobernador José Luis Gioja.
Si bien trascendió que hubo una comunicación verbal sobre el desplazamiento de las autoridades, tal medida se debe producir a través de una resolución administrativa y legal. La ley que rige al tribunal es la 999-E, la cual establece que los miembros "podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo", por las causales de "mal desempeño de sus funciones, inhabilidad física o moral sobrevinientes, delitos en el desempeño de sus funciones y delitos comunes, debiendo garantizarse al imputado el derecho de defensa". Después, se verá si el Gobierno esgrime otros argumentos y si estos, por ejemplo, se encuentran ligados al proceso de designación o la puesta en funcionamiento del organismo bajo su normalización.
Tras los nombramientos de los miembros permanentes, la anterior gestión citó al Colegio de Ingenieros Agrimensores, al de Ingenieros Civiles, al de Ingenieros Agrónomos y al de Arquitectos para que presenten sus respectivas ternas de candidatos, de las cuales, el gobernador elige tres. El plazo era de 30 días y venció el 18 de diciembre, sin que se produjeran las designaciones de los representantes de los colegios profesionales. Según las fuentes, para que el Tribunal comience a funcionar bajo su esquema de normalización, tenía que estar conformado con sus seis integrantes. De ahí podría salir el fundamento para sostener el desplazamiento de las autoridades.
De concretarse la movida, el gobernador Marcelo Orrego designará a los tres miembros permanentes y a los tres de los consejos profesionales. También se verá si Blanco, Cascón y Ceballos acuden a la Justicia.