Tras el análisis del ejercicio fiscal 2021 en el municipio de Sarmiento, el Tribunal de Cuentas entendió que el intendente Mario "Cacho" Martín y cinco funcionarios incurrieron en irregularidades administrativas ligadas a la falta de presentación de documentación que justifique una serie de gastos. Tales inconsistencias representan un daño económico para la comuna, por lo que el organismo del control del gasto público los declaró "responsables patrimonialmente" y los castigó a que devuelvan de sus bolsillos un total de 4,6 millones de pesos. Tras la resolución, a los implicados les queda la instancia de pedirle una reconsideración al propio Tribunal y, de recibir otro revés, acudir a la Corte de Justicia. Una vez que se cumplan todos los pasos y si quedara firme la sanción, Fiscalía de Estado es la que llevará adelante la ejecución de los montos.

En el estudio de la cuenta 2021, el Tribunal le formuló a las autoridades sarmientinas los llamados cargos y reparos. Los primeros son "observaciones formales" ante "procedimientos administrativos irregulares, de los cuales se derive un perjuicio patrimonial", los que, además, implican "la imputación de un perjuicio patrimonial", según establece el artículo 101 de la ley 1.100 E. La diferencia con los reparos es que estos no ocasionan un daño en las arcas públicas. De acuerdo al procedimiento, los funcionarios hicieron sus descargos y presentaron distinta documentación, por lo que lograron aclarar y subsanar algunas de las anomalías, pero no pudieron justificar gastos por un total de 4.611.000 pesos, según consta en la resolución. El tema fue expuesto por el vocal Daniel Pérez Celedón en la sesión del 14 de este mes y el castigo salió por la mayoría de los miembros del organismo, integrado por el presidente Isaac Abecasis, la vice Graciela Chaves y los vocales Víctor Molina y Enrique Conti, cuya notificación fue a fines de la semana pasada.

En ese marco, el organismo consideró que no se acreditó que la Cooperativa de Trabajo Virgen del Carmen 2 recibiera 1.900.000 pesos en concepto de contratación. Por eso, el Tribunal declaró la responsabilidad del jefe comunal, el director de Gobierno, Diego Cortez; el de Hacienda, Mario Ramírez, y el tesorero Daniel Villafañe. Otra irregularidad tuvo que ver con una ayuda económica de 500 mil pesos para la cooperativa identificada como Productores Mineros Los Berros, dado que, entre otros puntos, el municipio no presentó la rendición de los gastos realizados por la entidad.

La resolución del Tribunal también incorporó como anomalía una colaboración de 1 millón de pesos para la celebración de la Fiesta de la Tradición, cuya documentación presentada no avaló tal erogación. Además, quedó en la mira otro subsidio de 460 mil pesos para una cabalgata, por el que no se adjuntó ningún comprobante que respaldara la erogación para el evento, al igual que otra colaboración para una competencia deportiva por 86 mil pesos. A su vez, hubo una ayuda a clubes deportivos para costear los gastos del campeonato de fútbol del departamento, por lo que tampoco se justificaron 336 mil pesos. En todas esas irregularidades administrativas, los castigados fueron el intendente, el director de Hacienda y el tesorero, de acuerdo a lo que indica la resolución.

Tras la resolución, los implicados pueden plantear un recurso de reconsideración o ir a la Corte de Justicia.

Por último, el presidente del Concejo Deliberante, David Mortensen, y la asesora contable Silvana Romero realizaron un viaje fuera de la provincia por gestiones municipales y no pudieron justificar un día de viáticos, los que deberán 15 mil y 9 mil pesos respectivamente, según las constancias. En estos casos, los montos están individualizados para los implicados, pero no para los restantes. En esas situaciones, siempre que quedase firme la sanción, Fiscalía de Estado demanda a los cuatro y se cobra al ejecutar y embargar a uno o a varios de los responsables que posean bienes. La otra opción es que paguen de sus bolsillos.