Tras ser acusados de retirar 240 mil pesos de la cuenta de un cliente en 2015, dos empleados ofrecieron devolver casi el doble al Banco Nación, ya que la entidad tuvo que indemnizar al damnificado. La propuesta se hizo en sede judicial y el objetivo fue zafar del juicio y de una posible condena bajo el procedimiento de reparación integral del daño. El planteo fue rechazado por el fiscal Francisco Maldonado, debido a que los imputados están encuadrados como funcionarios públicos porque "custodian caudales de un banco del Estado, de cuya solvencia es responsable la Nación" y, por lo tanto, no les corresponde el beneficio, de acuerdo a un lineamiento del Código Procesal Federal. No obstante, los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) le dieron el OK a la propuesta de los implicados, dado que el impedimento contemplado en la normativa no se encuentra vigente y, en ese marco, no es aplicable en este caso.

Ahora, para que el visto bueno de los magistrados Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray quede efectivo y la causa se archive por sobreseimiento por reparación del daño, el acuerdo debe quedar firme. Esto es que, por ejemplo, el fiscal no apele. En cambio, si lo hace, habrá que esperar la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal (el máximo órgano en esa materia) para ver si avala la postura de Maldonado o de los jueces. Y si la oferta fuera consentida, la desvinculación operará una vez que los imputados cancelen el monto.

La causa es contra la exsubtesorera, Liliana Rabasa, quien está acusada de llevar a cabo muchas de las extracciones de la cuenta de un docente universitario. El otro es el exjefe de la Plataforma Operativa, Fabián Saavedra, al que responsabilizan de haber autorizado a la mujer a realizar un número importante de los retiros, según consta en el expediente. Ambos enfrentaron una investigación interna, pero siguen vinculados laboralmente al banco, tras distintas circunstancias (Ver recuadro). Los dos están imputados de fraude contra la administración pública y, al ser considerados funcionarios públicos, también se les endilgó la sustracción de caudales que tenían bajo su cargo.

Rabasa y Saavedra iban a enfrentar el juicio a fines del año pasado en el TOF, pero sus abogados presentaron el planteo de reparación integral del daño, el cual consistió en la devolución de unos 470 mil pesos. Desde el banco respondieron que la oferta era aceptable para compensar el perjuicio patrimonial, aunque dejaron aclarado que iban a respetar la decisión final del Tribunal, debido a que se debía definir si la condición de funcionarios públicos era o no un impedimento para el acuerdo. Fue el fiscal el que se opuso al ofrecimiento, debido a que el artículo 30 del nuevo Código Procesal Federal le impide abandonar la persecución criminal y acceder al mecanismo de conciliación para una reparación del daño cuando los acusados son funcionarios públicos.

Sin embargo, Doffo, Rattá y Echegaray señalaron en su fallo que una Comisión Bicameral resolvió la implementación de una serie de artículos del nuevo Código en todo el país, pero que no incluyó el 30, "por lo cual, se estima que no puede ser aplicado al presente proceso. Así, la aplicación de la reparación del daño "no puede ser obstaculizada por las funciones desempeñadas por los imputados en cuestión, por no existir, por el momento, un impedimento legal aplicable". Además, destacaron que "debe primar el interés de la víctima (el banco), que acepta el esfuerzo resarcitorio de los encausados y, más aún, teniendo en cuenta que siendo un hecho de neto corte patrimonial, resulta más satisfactoria para ella este tipo de acuerdo, que cubre el perjuicio sufrido oportunamente, que una hipotética condena que surja luego de celebrar el debate oral".

El damnificado de la maniobra (Ver aparte) había sido un docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que había decidido dejar su cuenta sueldo en el Banco Nación como un mecanismo de ahorro. Pero, cuando quiso retirar fondos, comprobó que le faltaban 240 mil pesos. La entidad financiera le devolvió el dinero más intereses y, luego, abrió un sumario interno y determinó que hubo personal bancario que metió mano en la cuenta del cliente en nueve ocasiones, desde mayo a diciembre de 2014.

Situación laboral

Tras el caso, el área Legal inició una acción judicial para quitarle la tutela o protección sindical de la que goza Liliana Rabasa por la ley de Asociaciones Sindicales, ya que la mujer era secretaria suplente de la Asociación Bancaria, con mandato desde el 4 de enero de 2015 al 3 de enero de 2019, más un año de tutela una vez finalizado el mismo. El juez Miguel Gálvez le hizo lugar al planteo, por lo que la entidad despidió a la subtesorera bajo las causales de injuria grave y pérdida de confianza. La mujer apeló y la Cámara Federal de Mendoza, por mayoría, revirtió el fallo, por lo que fue reincorporada. En el caso de Saavedra, fuentes judiciales dijeron que actualmente tiene un cargo jerárquico en la sucursal del Banco Nación en Jáchal.

Mecánica

Según el expediente, los cajeros del Nación pueden efectuar extracciones para clientes preferenciales de las cajas que tienen a su cargo, siempre y cuando hubiera un pedido de directivos. De esa manera, "podían extraer dinero en forma directa cuando los montos eran de baja cuantía", pero cuando se trataba de sumas mayores a 30 mil pesos, "requerían la autorización" de Saavedra, el responsable de la Plataforma Operativa, según la acusación fiscal. En el expediente figura que dos cajeros declararon que Rabasa le acercó a cada uno un papel con un número de DNI, sin la firma del cliente y los respectivos montos, por lo que les pidió que hicieran la extracción dado que Saavedra iba a dar el OK. Así, los empleados le entregaron el dinero a la subtesorera.