La comisión que analiza desde hace casi un mes las modificaciones a la ley de Riesgos de Trabajo intentará esta semana terminar de consensuar un proyecto de decreto que será elevado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
De esta manera, buscarán llenar el vacío legal que existe en la materia desde hace cinco años tras la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional los principales artículos de la norma sancionada en la década del `90.
Fuentes de la cartera laboral señalaron a Télam que el decreto buscará contar "con la mayor amplitud posible de respaldo" de los sectores con intereses en el tema, y que abarcará cuestiones como la actualización de las indemnizaciones por accidentes laborales y un nuevo vademécum de enfermedades.
La falta de acuerdo en las negociaciones que vienen manteniendo empresarios, trabajadores y aseguradoras desde hace casi un lustro para consensuar un proyecto de ley es el principal motivo por el cual el Estado saldrá a arbitrar en la cuestión a través de un decreto y dejará para más adelante la posibilidad de discutir la cuestión a nivel parlamentario.
El jueves pasado se concretó el tercer encuentro de la comisión en lo que va del último mes.
La nueva reunión fue fijada para mañana martes, fecha en la que confían en poder terminar de delinear los principales puntos de discusión que giran en torno a la llamada "doble vía", la elaboración de un listado de enfermedades, topes indemnizatorios, y la responsabilidad en los accidentes "in itinere", uno de los puntos más sensibles para los empresarios.
Por el sector empresario aseguran que ellos no se oponen a que de la nueva norma surja un aumento en los costos laborales siempre y cuando otorgue "previsibilidad" a las compañías frente a las demandas judiciales y se establezcan topes indemnizatorios.
De hecho desde la UIA propusieron que los montos varíen en función del índice de movilidad jubilatoria pero todavía no hubo un pronunciamiento formal al respecto.
La necesidad de reformular la ley original, que data de 1995, y de que intervenga el Estado en caso contrario, fue avalada además por las distintas cámaras que coincidieron con las declaraciones formuladas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la necesidad de que exista un "criterio indemnizatorio que respete el derecho de los trabajadores y la subsistencia de las empresas".