En un recurso judicial presentado ayer, el Gobierno argentino intentó que la Corte Suprema de Justicia allane el camino para que el Ejecutivo avance en la creación del Fondo del Bicentenario, de modo que pueda utilizar 6.559 millones de dólares de reservas de Banco Central para el pago de deuda externa.
El Gobierno nacional presentó ayer un recurso extraordinario ante la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal contra la medida cautelar que impide el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública, confirmaron fuentes judiciales.
En la presentación se pidió a la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que eleve el planteo a la Corte Suprema de la Nación para que se revoque la resoluciones provisorias que suspendieron la ejecución del decreto 2010/09, que creó el Fondo del Bicentenario.
El recurso está dirigido contra las medidas dictadas durante el receso de enero por la jueza María José Sarmiento, luego confirmadas por la Sala "de feria" de la cámara ante demandas promovidas por legisladores del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).
A la Sala IV de la Cámara, integrada por los magistrados Jorge Morán, Luis Márquez y Sergio Fernández, le corresponde decidir si concede el recurso extraordinario y habilita la intervención de la Corte. No obstante, la posibilidad de que la Corte Suprema resuelva si es constitucional o no ese decreto por el momento es escasa, debido a que la apelación es contra de una medida cautelar y el máximo tribunal, explicaron voceros, "sólo revisa sentencias definitivas". "La jurisprudencia no acepta las cautelares como sentencia definitiva", aseveraron.
En la apelación, el Poder Ejecutivo le pidió a la Cámara que envíe el fallo a la Corte con "efecto suspensivo" sobre el freno del uso de los fondos federales, informaron fuentes judiciales. "Efecto suspensivo" es que deje sin efecto la decisión de la Cámara de no poder utilizar las reservas hasta tanto resuelva la Corte Suprema.
La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso recibió las apelaciones a la medida cautelar que en enero emitieron las camaristas de feria Marta Herrera y Clara Do Pico, quienes confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia María José Sarmiento que frenó la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010/09 del Fondo del Bicentenario hasta tanto el Congreso se pronuncie sobre la validez del DNU.
Se trata de dos causas que iniciaron el diputado nacional del PRO Federico Pinedo y el senador de la UCR Gerardo Morales y que durante la feria fueron analizadas en conjunto. Las apelaciones iban a ser tratadas en dos causas distintas por dos salas del tribunal, pero por "conexidad" la Cámara resolvió que ambas queden radicadas en la Sala IV.
Altas fuentes del máximo tribunal confirmaron que son pocas las posibilidades de que la apelación del Gobierno prospere. Esto es porque el fallo de la Cámara Contencioso que frenó la aplicación del DNU es una medida cautelar y la Corte Suprema sólo revisa sentencias definitivas, lo que no es equiparable a una cautelar.
Los voceros agregaron que en el máximo tribunal se apuesta a que haya una resolución en el Congreso Nacional que debe tratar si acepta o rechaza el DNU del Fondo Bicentenario, cuya discusión provocó al salida del ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. Para que la causa llegue a la Corte Suprema primero los jueces deberán darle traslado de la apelación al PRO y la UCR para que opinen sobre la presentación, para lo que tendrán 10 días.
Luego la Cámara Contencioso estará en condiciones de resolver si acepta o rechaza la apelación. En el segundo caso, el Gobierno podrá recurrir directamente a la Corte a través de un recurso de queja.