La actuación del ministro de la Corte Guillermo De Sanctis, como miembro de la Sala III de Superintendencia, en la auditoría contra el juez de Jáchal, Javier Alonso, pone en duda su participación como presidente del Jurado de Enjuiciamiento. La defensa del titular de la Segunda Circunscripción Judicial solicitó que el cortista se aparte de la integración del órgano que, en este caso, juzgará el desempeño de Alonso como magistrado. El motivo radica en que, como miembro de esa sala del máximo tribunal, De Sanctis no solo tuvo conocimiento en detalle de las presuntas irregularidades cometidas por el juez de Jáchal, las que sirvieron de base a la denuncia que presentó la propia Corte, sino que, además, hizo una valoración sobre ellas, lo que le impediría intervenir con imparcialidad en el proceso de destitución. Tras el planteo, los miembros del Jury se reunirán hoy y, según indicaron fuentes calificadas, el cortista podría decidir dar un paso al costado. Si no lo hace y se defiende de la acusación de los abogados del juez, serán los restantes miembros del Jurado los que definirán su futuro. Si queda afuera, su puesto será ocupado por Marcelo Lima, suplente del cargo. Si este no lo puede ocupar, se deberá llamar a un camarista Penal para que participe. Este medio intentó hablar con De Sanctis, pero no atendió los llamados ni respondió los mensajes.

Según el escrito presentado, la participación de De Sanctis, previo al Jury, fue clara y contundente. La defensa de Alonso sostiene que, luego de la auditoría realizada por la Corte en el juzgado de Jáchal, la Sala de Superintendencia integrada por Adriana García Nieto, Daniel Olivares Yapur y De Sanctis, firmó una resolución requiriéndole al juez "un informe circunstanciado respecto del contenido de la auditoría efectuada al Juzgado a su cargo". En dicho escrito, se expresa el motivo, "el tenor y particularidades de los informes de auditoría", lo que fue rubricado por el presidente del Jury. En esa línea, los abogados sostuvieron que la intervención del cortista "como presidente del cuerpo colegiado, en modo alguno garantiza la imparcialidad y ecuanimidad que, en tal carácter, le es requerida", porque ya tuvo participación en el proceso. Así, las causales de recusación fueron calificadas como "serias, graves y contundentes".

El pedido para que De Sanctis no participe no fue lo único que presentó la defensa de Alonso, ya que también reiteraron el pedido para que el fiscal de Estado de la provincia, Jorge Alvo, no intervenga en su carácter de acusador especial. Esa solicitud había sido presentada con anterioridad y el Jury la había rechazado por considerarla fuera de término, ya que, hasta ese momento, no se había producido la acusación formal contra el juez de Jáchal, lo que ocurrió de manera conjunta entre el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y Alvo. Con ese paso cumplido, el planteo regresó contra quien defiende el patrimonio de la provincia. La defensa del juez entiende que Alvo no puede participar porque su intervención va en contra de lo que indica la Constitución Provincial, la que establece que el Fiscal de Estado tiene participación "legítima y necesaria en los juicios contenciosos administrativos, en toda controversia judicial en que se afecten intereses de aquel patrimonio", escenario que no se configuraría en el Jury contra Alonso, porque se trata de un "proceso político" de remoción, indicaron los abogados.

Acusación

Javier Alonso está en la mira por no haber avanzado en unas 500 causas en su juzgado, entre las que se destacan personas detenidas y casos violencia de género e intrafamilar.

Defensa

Tras ser notificado de la acusación, Alonso tiene 15 días para presentar su defensa. Con el documento presentado, el Jury deberá definir qué pruebas se usarán en el debate y la fecha de juicio.