Antes, el exintendente ullunero Jorge Agapito Gil dijo que estaba contento porque “de una vez por todas” iba a poder demostrar su inocencia en el juicio iniciado en su contra, pero ahora un nuevo planteo de su defensa postergó una vez más las audiencias del proceso que debían comenzar hoy. El exjefe comunal al igual que otro exintendente, Alfredo Simón Ortíz, están acusados de haber cometido fraude con la facturación de servicios al municipio en el año 1998. Y, aunque, en el caso de ser encontrados culpables no irán a prisión porque los delitos que se les atribuyen son excarcelables, deberán dejar sus puestos actuales.
Gil es secretario del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la provincia. Y Ortiz está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos, que depende de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas.
“Yo necesito que se conozca la verdad, pero según mi abogado defensor no están dadas las condiciones para que vayamos a juicio”, dijo Gil.
El nuevo planteo del abogado defensor Rubén Pontoriero, según fuentes judiciales, tiene fecha del jueves 11 y se trata de un cuestionamiento de “técnica jurídica” al requerimiento de elevación de la causa a juicio.
Por el hecho le corrieron vista al fiscal de Cámara José Eduardo Mallea, quien ayer rechazó el planteo, pero la palabra la tienen ahora los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, quienes deberán pronunciarse antes de comenzar los debates. Y por eso la fecha de la audiencia prevista para hoy se cayó y se deberá fijar un nuevo plazo para el inicio del juicio.
Lo peor es que, según fuentes judiciales, la causa prescribe el 9 de septiembre de 2013. Y con la serie de planteos que viene sosteniendo la defensa de los acusados el peligro es que si se sigue demorando el inicio de las audiencias la causa vaya camino a su extinción.
No es la primera vez que desde el entorno de los acusados surgen planteos que demoran el proceso. El año pasado el abogado defensor pidió la nulidad de una resolución del Tribunal de Cuentas que estableció la responsabilidad administrativa de los exfuncionarios acusados. El letrado señaló que la culpabilidad sólo podía ser sancionada por la Justicia, que es la que ofrece las garantías de defensa en el proceso. Y como el recurso estaba siendo analizado por la Corte de Justicia, la Sala tuvo que esperar esa resolución para decidir si incorporaba o no esa prueba. Al final la Corte declaró la nulidad del pedido y allanó el camino para avanzar. Pero ahora han surgido nuevos cuestionamientos.
Gil y Ortiz no son los únicos acusados. Según figura en el expediente del proceso, Pedro Bravo era el encargado de Compras, conformaba las facturas y cobró algunos cheques. Mario Serrano era el encargado del camping municipal y certificó los trabajos que luego se determinó que no se habrían realizado. María Esther Reinoso era la tesorera y encargada de autorizar los pagos. A Gil, como jefe de la administración, le atribuyen haber cobrado uno de los cheques. Ortiz era el que pedía los servicios de las empresas.
La causa se inició por una denuncia en la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan en el año 1998 realizada por exconcejales. Luego, el entonces vicepresidente del Concejo Deliberante, Roberto Solera, decidió hacer la presentación ante el juez penal de turno.
No es la primera vez que dos exintendentes quedan complicados con la Justicia. En Tribunales recuerdan los casos de el fallecido exintendente radical de Jáchal, Abdón Táñez, quien en agosto del 2005 fue absuelto en una causa por ayudas a damnificados de un temporal. El tribunal determinó que no hubo responsabilidad por el delito de falsedad ideológica, mientras que lo sobreseyeron por abuso de autoridad. El otro es el bloquista de Iglesia Mauro Marinero, quien en junio del 2006 fue encontrado culpable de fraude al municipio, pero en abril del 2007 la Corte de Justicia revocó la sentencia.