Luego de que fuera suspendido en octubre por el Concejo Deliberante, el intendente de Angaco había logrado su regreso al cargo tras una medida cautelar que aceptó la Justicia. Ahora, la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, resolvió la cuestión de fondo (el amparo) y resaltó la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión que había tomado el legislativo municipal. En líneas generales, la magistrada subrayó que en ninguna de las normas que utilizaron los ediles están contempladas las facultades de suspender al jefe comunal y que, encima, no se le respetó el derecho de defenderse.

El fallo de Tettamanti salió esta semana, pero trascendió ayer y sus argumentos sirven como antecedente cuando se presente una situación similar en aquellas comunas de tercera categoría, como Angaco, que se rigen bajo la ley orgánica de municipalidades.

Castro venía manteniendo una difícil relación con los concejales radicales Alberto Fernández y Sandra Escuela, a lo que se agregó la ruptura con los ediles de su equipo. El primero que se distanció fue José Risueño y luego siguieron el mismo camino Valeria Garay y Mario Pacheco. Este último incluso disputó y perdió la interna con el alfil que postuló el intendente, su hermano Alejandro Castro. La división generó que en la general se alzara con el triunfo el bloquista Carlos Maza Peze.

Por unanimidad, los ediles sacaron el 17 de octubre la resolución con la que suspendían al intendente por 30 días, lo que implicaba prácticamente su salida, dado que dejará el cargo el 10 de diciembre. Los concejales le achacaron reiteradas faltas en el envío de documentación solicitada por el legislativo. Entre los puntos sobresalieron pedidos de información por un programa de vivienda; partes diarios de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018; y haber realizado variaciones en el presupuesto municipal de este año por un monto de 8.840.000 pesos, "de los cuales no tenemos conocimiento". Un punto que destacaron es que, de acuerdo a una ordenanza dictada en 2018, "el Ejecutivo municipal podrá realizar las reafectaciones presupuestarias que fueran necesarias, previa aprobación del Concejo Deliberante". A todo esto, se sumó lo que luego fue una denuncia en la que señalaron que maquinaria y personal municipal se encontraba haciendo trabajos de relleno y nivelación en un predio privado de Chimbas.

Si bien la suspensión duró 24 horas, Castro se tomó licencia y tomó el mando Garay, quien tomó medidas (Ver recuadro).

La magistrada no se puso a analizar las presuntas irregularidades que habría cometido Castro, dado que no es el objeto del amparo. Sí resolvió sobre el procedimiento que llevó a la suspensión, al cual definió como ilegal, concepto que comprende a la arbitrariedad, ya que "la administración opera con subordinación a la ley", según indicó en base a jurisprudencia.

Tettamanti destacó que la Constitución provincial "no confiere al Departamento Deliberativo la facultad de suspender al titular del Ejecutivo municipal" y que la ley orgánica de municipalidades contiene la chance de remover al intendente, pero "no contempla la posibilidad de suspenderlo". Además, remarcó que el "Concejo Deliberante debió garantizar el derecho a ser oído, formular descargo y ofrecer prueba antes del dictado de la decisión, máxime cuando se trata de una resolución de gravitación institucional".

Crisis

Luego de ser repuesto en su cargo, el intendente Castro se tomó una licencia de dos semanas por estrés laboral. La presidente del Concejo, Valeria Garay, tomó la posta y pidió información, como los detalles de la deuda del municipio y el estado de las movilidades comunales. También cambió de proveedor de combustible porque entendió que era más acorde uno de la zona e intentó reabrir la plaza municipal que hace casi cuatro años está cerrada por remodelaciones.

Además, se reunió con el intendente electo Carlos Maza Peze y como los secretarios municipales no le dieron la información requerida, les otorgó licencia. Las fuentes consultadas indicaron que dicho escenario obligó a Castro a regresar antes de tiempo,. De las dos semanas sólo se tomó la mitad.

Detalles del fallo

Normas

La jueza Tettamanti destacó que en ninguna de las normas que invocaron los concejales se encuentra contemplada la suspensión del intendente.

Defensa

La magistrada señaló que los integrantes del Concejo Deliberante no aseguraron el derecho de defensa al intendente antes de dictar la resolución.

Decreto

La jueza además destacó que el dictamen que sacó el Concejo Deliberante debió ser dictado como un decreto y no bajo la forma de resolución.