Todos los empleados de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga recibirán un 34 por ciento de los fondos que los dos principales centros de salud cobran por la atención de pacientes con obras sociales. Así lo establece un proyecto que elaboró el Ministerio de Salud Pública y sólo falta que el gobernador Sergio Uñac lo revise y ponga el gancho. El plan no hace distinción de jerarquía, cargo y función, por lo que los enfermeros, administrativos, médicos y demás profesionales percibirán el mismo plus, cuyo monto dependerá de la eficiencia en el mecanismo de recupero. Un parámetro ilustrativo es la cifra que se dio en mayo, cuando se recaudaron 1,2 millones de pesos. De ese monto, al plantel de 3.500 trabajadores de ambos nosocomios le correspondería 408 mil pesos, lo que da un adicional de 116,5 pesos mensuales por agente.
De todas formas, el plan fue diagramado para que el 34 por ciento se aplique sobre lo recuperado cada 6 meses, con el objetivo de que los agentes obtengan una suma significativa. Además, está previsto que el incentivo se acredite entre los dos medio aguinaldos, es decir, uno en abril y el restante en octubre. Si el número obtenido en mayo se mantuviera igual durante 12 meses, el plus que entraría al bolsillo del empleado sería de dos tandas de 699 pesos. El esquema además establece que un 33 por ciento de lo recaudado será destinado a capacitación del personal y el resto a un fondo para el mantenimiento de los edificios y el equipamiento de los hospitales, aseguraron fuentes oficiales.
La gestión uñaquista había tomado la decisión política de poner en práctica la distribución de dichos recursos, que está contemplada en la ley de descentralización hospitalaria. La norma se implementó en 2005 en los dos grandes nosocomios de la provincia, pero nunca llegó a aplicarse el reparto entre los empleados, disposición que se encuentra en el artículo 17. La falta de instrumentación es uno de los reclamos que ha venido planteando el aguerrido Sindicato Médico.
Los hospitales públicos tienen la misión de atender a las personas de escasos recursos o que no cuentan con ninguna cobertura, pero en ningún caso deja de atender a aquellos que cuentan con una obra social. A estos últimos le aplica un mecanismo de cobro a las entidades, al igual que a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.
Como la cifra que percibirán los trabajadores dependerá de la eficiencia del personal y del sistema de cobro, las fuentes resaltaron que están trabajando en mejorar los engranajes del mecanismo y hablan de multiplicar por 10 el monto que se obtuvo hace dos meses. Además, señalaron que representa un estímulo para el propio personal, lo que llevará a que el administrativo confeccione sin ningún tipo de falla la documentación que se debe facturar a las obras sociales y que el profesional de la salud no descuide detalles a la hora de llenar una historia clínica o transcribir la prescripción médica. Se trata de un punto clave, dado que son cientos las personas con cobertura que se atienden por día en el ámbito público en lugar de hacerlo en el sector privado y según las fuentes, no se registran todas y se cobra muy poco de lo que se factura. En números, las prestaciones reales que se brindan a esos pacientes equivalen a unos 30 millones de pesos.
La ley de descentralización también contempla fondos para la capacitación del personal y el mantenimiento y equipamiento de los hospitales, porcentajes que se fijaron en el proyecto.