Un párrafo destacado en la Declaración de San Juan tuvo una condena del plenario del Mercosur para la polémica ley antiinmigrantes de Arizona (EEUU) que entró en vigencia recientemente y que es considerada como violatoria de los derechos humanos por los países que integran el bloque regional.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y los países asociados al bloque condenaron ayer la ley SB1070 por considerar que este tipo de normas pueden alentar la discriminación y persecución de los inmigrantes en ese país, así como actitudes racistas y xenófobas.

Los Estados partes y asociados del Mercosur "reiteraron su rechazo al endurecimiento de las políticas migratorias que vulneran los derechos fundamentales de las personas migrantes y deploraron las políticas que conducen a la criminalización de los migrantes en los países de destino", destaca la declaración conjunta.

"En particular -añadió-, condenaron la Ley SB1070, del 23 de abril de 2010, de la Legislatura del Estado de Arizona, que tipifica como delito tanto la condición migratoria irregular, como el transportar y dar empleo a inmigrantes indocumentados".

Dicha ley, que convierte la inmigración ilegal en un delito, entró en vigor el pasado 29 de julio, pero de manera parcial, pues los artículos más polémicos están bloqueados por una demanda presentada por una jueza federal.

La declaración indica que "la aplicación de estas políticas y leyes podrían alentar casos de discriminación y persecución de los migrantes así como actitudes racistas y xenófobas".

El Mercosur y sus asociados ratificaron la necesidad de "asegurar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos de las personas migrantes y sus familias, con independencia de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género, edad o cualquier otra consideración discriminatoria".

En una breve intervención en la cita de San Juan, Patricia Espinosa, canciller de México, que asistió como observadora, agradeció el gesto, al afirmar que "criminaliza a los inmigrantes indocumentados".

Actualmente en EEUU viven más de once millones de indocumentados, entre 400.000 y 530.000 de ellos en Arizona, un estado donde casi un 89% de su población hispana es de origen mexicano (1,8 millones de personas).