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El juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo tiene en sus manos una denuncia para investigar una supuesta malversación de caudales públicos en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Se trata de recursos que distribuyó la administración de la expresidenta Cristina Fernández antes de dejar el poder, a fines del 2015, a distintas casas de estudios de todo el país, entre ellas la que tiene asiento en la provincia. Todo comenzó luego de que, partiendo de notas periodísticas, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a 52 de las 55 universidades de todo el país por supuestos manejos irregulares de los recursos porque podrían haber tenido un destino distinto para el que fueron otorgados. Se habla de 747 millones de pesos repartidos entre todas las instituciones.

No hay ningún funcionario imputado todavía por la denuncia del fiscal federal Marijuán.

El fiscal Marijuán comenzó la investigación pero, cuando le corrió vista al juez federal Sebastián Ramos, del Juzgado Nacional en la Criminal y Correccional Federal Nro 2, de Capital Federal, el magistrado se declaró incompetente para investigar una casa de estudios que está fuera de su jurisdicción, como es la UNSJ. Por eso le envió la causa al juez Rago Gallo, según él mismo confirmó ayer. Ahora, el juez federal sanjuanino debe correrle vista al fiscal Francisco Maldonado para que decida si corresponde impulsar la acción penal mediante el requerimiento de instrucción. Una vez que el fiscal cumpla ese paso que, según las fuentes consultadas, lo va a dar, Rago Gallo estará en condiciones de empezar la investigación.

Entre otras medidas, el magistrado puede requerir medidas de prueba tales como informes a entidades públicas y privadas para verificar si se recibieron los fondos, registros de transferencias a entidades bancarias, pericias contables y testimoniales. Entre estas últimas podría citar al rector de la casa de estudios, Oscar Nasisi. Hay que aclarar que en la denuncia original del fiscal Marijuán no se menciona a ningún funcionario en particular, ni nacional ni de las universidades, sino que solicita que se determine el destino de los recursos.

Los fondos fueron repartidos cuando la expresidenta dejaba el poder en manos de Macri.

En San Juan, Nasisi se ha mostrado como un férreo defensor del gobierno de Cristina Fernández y muy crítico de la administración de Mauricio Macri, sobre todo en el modo y los montos que se distribuyen a las universidades nacionales de todo el país.

Los fondos que dieron origen a la denuncia original fueron distribuidos mediante resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación nacional.

El fiscal pidió investigar por supuesta “malversación de caudales”, aunque no descartó otros delitos, a las “autoridades universitarias así como los empleados de estas instituciones que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos recibidos desde el Estado nacional”, según figura en el planteo de Marijuán.

Cuando el fiscal empezó a tomar las primeras medidas, advirtió que en los hechos que estaba investigando estaban involucradas universidades nacionales de otras provincias, entre ellas la de San Juan. Y fue por eso que el juez Ramos se declaró incompetente y resolvió remitir la causa al juez Rago Gallo.

El delito que se investiga en principio es malversación de caudales públicos, es decir el uso indebido de fondos en este caso del Gobierno Nacional. Está previsto en el artículo 260º del Código Penal y contempla un castigo de 1 a mes a 3 años de prisión, es decir que es excarcelable. También sanciona con una multa equivalente de entre el 20 al 50% de los recursos comprometidos.

Esta será una investigación que recién va a comenzar pero, si no se llegan a corroborar los hechos denunciados, no se imputará nadie y el planteo será desestimado.

Las claves del planteo

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Origen
La denuncia llegó a manos del juez Rago Gallo porque cuando avanzó la investigación del fiscal federal Marijuán se encontró con que había universidades bajo sospecha que estaban fuera de su jurisdicción, como en el caso de la UNSJ.

Sospecha
La duda que tiene el fiscal es que hubo grandes montos de dinero que se distribuyeron cuando estaba finalizando el gobierno de Cristina Fernández y no está claro el destino que tuvieron los recursos. Se habla de 747 millones de pesos. 

Pasos
Para que el juez Rago Gallo pueda iniciar la investigación, el fiscal Maldonado debe impulsar la acción penal mediante el requerimiento de instrucción formal. Recién entonces el magistrado podrá solicitar las medidas de prueba.