Está en la mira por ser parte de una estafa millonaria a la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos (MOB) en la compra de un terreno. En su rol de escribana, confeccionó un boleto de compraventa por 260 mil dólares para los herederos del dueño del inmueble y luego armó una escritura pública en la que selló la operación entre la institución y otro de los imputados, que actuó como representante de los vendedores, por 1.300.000 dólares, según la acusación. Es decir, cinco veces más cara. La imputada es María Isabel Carchano, quien el 11 de marzo asistirá a la Sala III de la Cámara Penal para saber si zafará o no del juicio en el que puede ser condenada. A través de su abogado, ofreció realizar tareas comunitarias y una "reparación simbólica del daño" en dinero, a cambio de evitar el castigo y que no le quede una mancha en sus antecedentes. 

En la audiencia, el fiscal de Cámara, Eduardo Mallea, dará su opinión sobre el planteo de Carchano y será el Tribunal el que lo resolverá. El mismo estará integrado por Eugenio Barbera, Ernesto Kerman y sólo falta la designación de un tercer camarista. El resultado sobre el pedido del procedimiento llamado suspensión de juicio a prueba o probation será clave, ya que incidirá en el resto de los procesados: el operador inmobiliario Walter Orellano, el odontólogo Luis Minin y el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández. Esto es, si los jueces le conceden el beneficio a la escribana, es un hecho que los restantes también lo solicitarán para conseguirlo y quedar limpios de la hipotética sanción. 

Tanto Carchano como los demás están acusados de estafa, que tiene una escala penal de un mes a seis años de cárcel, por lo que el mínimo contempla la excarcelación. De acuerdo a corrientes doctrinarias, la probation es aplicable a dicho delito dado que el mismo puede tener un castigo en suspenso, es decir, sin encarcelamiento. Además, pesará que los imputados no cuentan con condenas previas. No obstante, fuentes judiciales señalaron que en la Sala III está el antecedente de un rechazo a un planteo de suspensión de juicio a prueba por parte del abogado Marcelo Germán Mora, quien llegó acusado de cometer tres estafas. Dicha resolución fue cuestionada y se encuentra en revisión en la Corte de Justicia. Por eso, no hay nada cerrado y tanto el fiscal como el Tribunal evaluarán las características de la maniobra contra la Caja MOB y los roles y las condiciones de los involucrados para determinar si procede o no el beneficio.

Según el expediente, Minin y Fernández integraban la comisión de terreno de la institución, la cual buscaba inmuebles y sugería su compra si era conveniente para la construcción de casas. El primero de los implicados ubicó a Cosentino, quien vendía un predio en Santa Lucía y acordaron la compra en 1.100.000 pesos, el equivalente a 260 mil dólares según el cambio de la época. 

Previamente, Minin y Fernández habían contactado a Orellano y éste, conociendo el precio pactado, se presentó en la Caja MOB y ofreció el terreno al precio más caro 1.300.000 dólares. Tanto Minin como Fernández influenciaron a la comisión sobre esta última oferta, la cual terminó aprobada. En la transacción final, Carchano armó dos documentos con los diferentes valores para consumar la maniobra, según el expediente. Así, los cuatro están bajo la lupa por haber actuado de manera sincronizada, cada uno cumpliendo un rol determinado, para engañar a las autoridades y asestarle un golpe económico a la entidad.

Inicio y querella

En 2013, el vice de la entonces nueva gestión de la Caja MOB, Carlos Soria, radicó la denuncia en la Fiscalía de Instrucción Nº 4. Hay dos abogadas querellantes que representan a la entidad, 
dijeron las fuentes. No obstante, sus posturas no influyen en la audiencia de la probation, según 
el Código Procesal Penal.