Luego de que el juez Matías Parrón desvinculara a la abogada Paola Miers y los médicos Federico Bazán y Federico Antequeda (miembros del grupo pro vida) de una serie de delitos que se generaron al tratar de impedir un aborto no punible en el Hospital Rawson, la fiscal Correccional Silvina Gerarduzzi había apelado para revertir el fallo. Para ello, la fiscal de la instancia superior, Marcela Torres, debía adherir al planteo para que, recién ahí, lo revisaran los camaristas. Pero esta última no sostuvo la apelación de su colega, por lo que la resolución que desligó a los implicados quedó firme.

El caso había desatado un verdadero escándalo, ya que había revelado la intransigencia de los militantes pro vida, dado que el 25 de agosto de 2018 trataron de frenar el aborto de una adolescente de 14 años que había sido violada y que tiene disminuidas sus facultades mentales. La intervención quirúrgica se encuentra amparada en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que contempla a las víctimas de una violación que sufren de una discapacidad o retraso madurativo, como el caso de la joven. Inclusive, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el llamado fallo FAL, había ampliado la práctica a toda mujer que padezca semejante ataque sexual.

La polémica siguió en aumento, ya que, luego de que Gerarduzzi apelara el fallo de Parrón, grupos pro vida la acusaron en una solicitada de llevar adelante una persecución judicial contra los sospechosos. Tal embestida generó la reacción del jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, quien salió a respaldar a la fiscal y trató de mentirosos, hipócritas y retrógrados a los impulsores del comunicado.

En ese marco, llamó la atención la decisión de Torres, dado que, en realidad, fue a contramano de dos de sus colegas de primera instancia. Es que el fiscal Daniel Galvani, primero, había archivado una denuncia que habían hecho Miers y su esposo Bazán por presuntas irregularidades en el centro de salud durante la realización del aborto y, luego, había pedido que se investigara las conductas de ambos y del médico Antequeda (del Hospital Rawson) debido a que podrían haber incurrido en hechos delictivos. Fue así que Gerarduzzi requirió que se abriera la instrucción, luego solicitó que se procesara a los imputados y, tras la resolución de Parrón, que se revirtieran los sobreseimientos.

Torres no pudo ser ubicada por este medio para conocer sus argumentos, pero el que habló fue Quattropani, quien se mostró contemplativo ante la postura de la fiscal de Cámara, pese al cimbronazo que causó la decisión. "Queda demostrado que hay independencia de criterios", resaltó el jefe de los fiscales, quien no se privó de lanzarle dardos a los grupos pro vida. "A través de comunicados, señalaron que la Justicia se había dedicado a perseguir a representantes de un pseudo sector. Está claro que la Justicia no persigue, sino que hay instancias en las que un juez o un fiscal van tomando decisiones de acuerdo a su leal y saber entender. Es hora de que esos sectores se rindan ante la evidencia porque parece que creen que pueden estar exentos de pasar por los procesos judiciales como lo hace todo el mundo".

Luego de tratar de impedir el aborto no punible, Miers y Bazán quedaron imputados por realizar una falsa denuncia y divulgar datos íntimos de la paciente. Antequeda, por su parte, también estaba en la mira por el delito de usurpación de funciones. Sin embargo, el juez Parrón entendió que no cometieron ningún delito, por lo que los sobreseyó. Y como no se mantuvo la apelación en la Cámara Penal, ese fallo quedó firme.

Ataques

Los médicos que le realizaron el aborto no punible a la niña de 14 años que había sido violada sufrieron ataques a través de las redes sociales. El Ministerio de Salud respaldó a los profesionales, dado que actuaron bajo los parámetros de la ley.

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Inicio

El 25 de agosto de 2018, Miers y su esposo médico Bazán entraron al área de Pediatría del Rawson para convencer a la madre de la menor de que desistiera de que le realicen el aborto. La joven había sido violada y sufre de un retraso madurativo.

Participación

Miers y Bazán contaron con el apoyo de Antequeda, médico de guardia del Servicio de Ginecología del Hospital Rawson, quien entró a la habitación de la niña, revisó la historia clínica y hasta le hizo una ecografía, práctica que fue filmada por Bazán.

Denuncia

Luego de que fueran sacados por personal de seguridad, Miers y Bazán pusieron una denuncia por las supuestas irregularidades que se habían cometido en el procedimiento hacia la menor, aunque tal presentación fue archivada por el fiscal Galvani.

Imputaciones

Miers y Bazán fueron imputados por realizar una falsa denuncia y divulgar datos íntimos de la paciente. Además, a Antequeda se le imputó el delito de usurpación de funciones, ya que pertenece al Servicio de Ginecología e irrumpió en Pediatría sin autorización.

Argumentos

El juez entendió que hubo "irregularidades" en el procedimiento a la niña, por lo que indicó que "los hechos denunciados (por Miers, Bazán y Antequeda) no resultan falsos", por ende, se cayó la falsa denuncia, pero que tales hechos "tampoco constituyen un delito".

Opinión

Matías Parrón, titular del Quinto Juzgado Correccional, opinó que la conducta de los sospechosos queda en una esfera distinta a la penal y que trataron de "imponer, quizás con un fanatismo desmedido, una postura sobre el aborto".