Quedó en la mira tras una denuncia administrativa por ejercer violencia psicológica contra los empleados del juzgado, además de lanzarles constantes amenazas de sanción e insultos de todo tipo. Y no sólo eso, ya que el Tribunal evidenciaba un retraso en la resolución de las causas. Desde ayer, la jueza María Elena Videla, titular del Séptimo Civil, quedó más complicada en el sumario que le están realizando, ya que la Sala III de la Corte de Justicia le comunicó que el instructor le formuló cargos por su presunta conducta inadecuada con el personal y la mora judicial, informaron fuentes oficiales. La movida significa que se han reunido elementos que configuran una sospecha sobre su accionar. Se trata de un paso clave en la investigación interna y la magistrada ahora cuenta con tres días hábiles para hacer su descargo y ofrecer pruebas, para que luego avance el caso hasta una definición de los cortistas. Dicha resolución puede finalizar con una sanción de hasta 30 días de suspensión sin goce de haberes o, en un caso extremo, un pedido de jury.
Videla se encuentra suspendida desde el 22 de febrero, aunque de manera preventiva. La medida se tomó para garantizar que el sumario se llevara a cabo con normalidad, asegurando el testimonio de los empleados y el derecho de defensa de la implicada. La suspensión fue con goce de haberes y la magistrada encaró el trámite para jubilarse con el 82 por ciento móvil.
Es la primera vez que un magistrado enfrenta un sumario, el cual, según la ley Orgánica de Tribunales, puede culminar con un apercibimiento, multa o la sanción de suspensión de sus actividades por una cantidad determinada de días. En este último caso, si el castigo es inferior a los 30 días es con goce de haberes y si el mismo llega a ese máximo, el juez no percibe su salario. Las fuentes inclusive indicaron que tanto el instructor, el asesor legal técnico como la Sala III de la Corte pueden pedir un jury de enjuiciamiento si consideran que se dan las causales establecidas en la norma.
Este medio reveló el 10 de febrero que el personal del Séptimo Civil había denunciado a Videla ante la Corte. Los malos tratos dentro del juzgado venían de entre seis meses y un año atrás, pero los empleados nunca se habían animado a hacer la presentación. El detonante para los trabajadores fue que los insultos aumentaron durante el segundo semestre del año pasado, luego de que el máximo tribunal le llamara la atención a la magistrada por la demora dentro de su juzgado. En ese entonces, una auditoría llevada adelante por la Dirección de Control de Gestión en los juzgados civiles y laborales arrojó que el Tribunal de la magistrada arrastraba más de cien expedientes sin resolución. Con ese panorama, la Corte advirtió a Videla, pero en vez de cambiar su conducta, el maltrato se agravó.
Las fuentes aseguraron que el instructor sumariante se basó en el artículo 20 de la Acordada número 24 de 1998, el cual establece que tanto los jueces, fiscales, funcionarios y empleados deben tener una conducta "irreprochable". Como contrapartida, la jueza habría incurrido en una conducta inadecuada al maltratar al personal. Y dicho accionar afectó y repercutió en el trabajo, lo que llevó a agravar el retraso de las causas. Por ello, el instructor le formuló los llamados cargos.
No es el único caso de un juez que se encuentra en la mira. El titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, enfrenta actuaciones investigativas por su desempeño. También está bajo la lupa una jueza laboral (Ver recuadro).
Bajo auditorías
La investigación interna contra el juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, se disparó luego del escándalo por el caso del ginecólogo Carlos Martínez, a quien el magistrado procesó por un abuso sexual, la causa quedó firme, pero no fue elevada a juicio y prescribió. La auditoría reveló sospechas sobre su accionar en 64 causas, en las que se reflejan demoras en seis casos de abusos sexuales a niños, expedientes en los que los implicados eran liberados tras llamadas telefónicas a las comisarías y falta de movimientos en casos de robos, robos agravados y hasta un homicidio, indicaron en su momento las fuentes.
En el caso de la jueza laboral Mónica Rodríguez, ésta ya había sido advertida por la falta de sentencias en más de 100 expedientes. Pese a ese panorama, la magistrada resolvió algunas y el retraso continuó en el Tercer Juzgado del Trabajo.
Gremio judicial
Respaldo al personal
Sebastián López, de la Unión Judicial, había señalado que la situación en el Séptimo Civil era "insostenible. En estos casos los empleados tienen miedo de denunciar por las posibles represalias. Es clave que el personal haga la denuncia".