Ante el silencio durante ocho meses de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que envíe información requerida por la Justicia provincial para avanzar en una causa, la titular del juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, decidió aplicarle una multa por mora. El castigo se denomina astreinte y consiste en una suma de dinero por cada día que el organismo nacional pasa sin respuesta y que, según fuentes calificadas, alcanza hasta el momento los 10 mil pesos y sigue creciendo. Pero eso no fue todo, ya que la magistrada envió las actuaciones a la Justicia Federal para que determine si la actitud de las autoridades de la repartición no se enmarca en el delito de resistencia o desobediencia a una orden judicial, penado con 15 días a un año de prisión.

De acuerdo a las fuentes, la causa por la que la Justicia local castigó a la entidad nacional tiene de fondo la negativa que tuvo un sanjuanino para acceder a una jubilación establecida en un régimen especial. Dicho beneficio quedó plasmado en una ley que la provincia sancionó en 1996, dentro de las normas que aprobó para cumplir con el traspaso de la Caja de Jubilaciones a la Nación. En esas leyes se estableció una serie de requisitos para acceder al haber jubilatorio que, en ese caso, consistía en tener 25 años de servicios al 31 de diciembre de 1995, haber ocupado un cargo como el de concejal, intendente, diputado o, como el caso de quien inició el reclamo, directivo del Banco San Juan, además de haber hecho reserva del beneficio jubilatorio a abril de 1996.

El conflicto, que dio pie al reclamo del sanjuanino, tuvo origen en 2011, cuando la administración giojista firmó un convenio con el titular de la Anses de ese entonces y, así, se estableció un listado de quiénes eran las personas que podían acceder a la jubilación. Según las fuentes, el demandante cumple con todos los requisitos y, al iniciar el trámite jubilatorio el año pasado, se lo rechazaron porque no figura en dicho listado. Lo que señala es que esa lista, que fue aprobada por un decreto, no cuenta con el acto administrativo correspondiente de creación, por lo que, en principio, se desconoce cómo se conformó. A su vez, cuando el decreto fue publicado en el Boletín Oficial, ese listado no apareció, por lo que el demandante entiende que no tiene validez. Además, la persona también reclamó que el decreto de 2011 modificó las condiciones para acceder a la jubilación especial, pero dicho cambio debió salir a través de una ley sancionada por la Cámara de Diputados, algo que no ocurrió. Ante el pedido en el juzgado Contencioso Administrativo para determinar cuáles fueron los antecedentes que dieron vida al listado, Tettamanti le solicitó la información a la Anses, ya que fue quien firmó el acuerdo, pero desde la repartición no hubo respuestas.

Según trascendió, desde el juzgado reiteraron el pedido en varias oportunidades a la entidad nacional. Primero fue en enero, luego en marzo, después en agosto y, por último, en septiembre. Al no tener respuestas, le comenzó a aplicar una multa de 500 pesos por día hábil. Como ya ha pasado casi un mes sin noticias, la multa subió y ahora llega a los 700 pesos. Por otro lado, en la Justicia Federal deberán determinar ahora si la actitud de la entidad coincide con el delito de desobediencia judicial.