La acusación era grave: un médico del Hospital Rawson había dejado plasmado en la historia clínica de una paciente que, a la hora de operarla, requirió la ayuda de tres colegas (entre ellos, Daniel Sanna, titular del Sindicato Médico) que se negaron a actuar. Por el interés público del caso, un periodista que trabajó en este medio lo investigó, accedió al escrito y publicó la información. No sólo eso sino que los involucrados luego tuvieron la posibilidad de hacer sus descargos. Pero los profesionales embistieron civilmente contra el "denunciante", dado que el sumario administrativo después no acreditó que fuera cierto lo estampado por este. Y apuntaron contra DIARIO DE CUYO y el cronista, a quienes les reclamaron 40 mil y 25 mil pesos respectivamente por daños y perjuicios. No obstante, el juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, rechazó el planteo contra el medio de comunicación y el periodista, debido a que lo que se comunicó fue en base a una denuncia y que no hubo malicia, por lo que fueron desligados de responsabilidad.

En esencia, el fallo (que no fue apelado y quedó firme) protegió la tarea periodística frente un peligro de una sanción económica y es un antecedente favorable no sólo para este medio sino también para el resto de los colegas gráficos, radiales, televisivos y que se desempeñan en formatos digitales que difunden las declaraciones y denuncias de diversas fuentes. De hecho, Otiñano resaltó que "la mendacidad o falsedad de los hechos no fue obra del periodista o del medio de comunicación, por lo tanto, no puede endilgárseles responsabilidad". Es más, calificó el trabajo de Leonardo Domínguez, redactor de la nota y por entonces jefe de la Sección Política, como "serio y objetivo".

Al mencionar la falsedad, el juez sí condenó al médico Ricardo Villalobos, quien fue el que dejó plasmada en la historia clínica la acusación contra Sanna y sus colegas Nelson Tello y Raúl Reina. Es que el sumario administrativo que se disparó concluyó que no quedó acreditado que se les haya solicitado ayuda a los médicos y, por ende, que estos se hayan negado.

La sentencia salió a la luz tras la publicación del periodista Enrique Merenda y es uno de los pocos casos de demandas contra un medio y un reportero que se recuerden en el ambiente judicial, la cual fue entablada por el abogado Daniel Persichela. En su resolución, Otiñano tomó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que señala que la exención de responsabilidad para los periodistas opera cuando se atribuye la información a una fuente, cuya transcripción debe ser fiel o idéntica a lo que esta ha manifestado. Así, "los eventuales reclamos podrían ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra los que sólo fueron sus canales de difusión". El juez también resaltó que los medios informan "después de un control tan serio como lo permitan las necesidades de una información rápida. No se trata de la verdad absoluta sino de buscar lo más imparcialmente posible y de buena fe". Es que "no se puede exigir que antes de dar una información verifiquen la verdad absoluta de ella, pues ello podría ser tan dificultoso que restringiría en exceso el derecho de informar".

El caso trae a colación lo que se conoce como la doctrina de la real malicia, la cual establece que un medio o un periodista es responsable si publica una información sobre la que sabe que es falsa, dado que el objetivo es injuriar o calumniar. Otiñano resaltó que eso no sucedió, ya que en esa nota se tomaron los datos de la denuncia que hizo Villalobos. Es más, el juez remarcó que a los acusados "se les dio la oportunidad de relatar su verdad. Estas circunstancias no son menores, en tanto revelan la inexistencia de malicia alguna (...) de manera que no puede decirse que la prensa haya obrado de manera irresponsable, dolosa o culposamente".

Más detalles

Acciones

En noviembre de 2009, el Congreso despenalizó los delitos de calumnias e injurias. Es más, no configuran delito cuando se tratan de expresiones o calificativos lesivos del honor cuando guardan relación con asuntos de interés público.

Real malicia

Dicha doctrina se aplica cuando el medio o el periodista están al tanto de una información falsa y, aún así, la publican. En el caso de los médicos no se dio esa situación, ya que los datos se tomaron de una denuncia y se dio la posibilidad de los descargos.

Fuentes

El juez Otiñano, en base a jurisprudencia nacional, resaltó que la exención de responsabilidad civil para los periodistas opera cuando la información se atribuye a una fuente. Así, los reclamos serían dirigidos hacia el autor de las frases y no al difusor.

Juraron una jueza y un fiscal de Cámara

Silvina Rosso de Balanza juró ayer ante la Corte de Justicia como jueza de la Sala III de la Cámara Penal mientras que Daniel Galvani lo hizo como fiscal de Cámara Nº3. La primera ocupa el lugar que dejó Graciela del Pie tras jubilarse y el segundo reemplazó al fallecido Gustavo Manini.

Ambos serán protagonistas en el juicio por la megacausa de expropiaciones. Rosso de Balanza será la presidenta del Tribunal, ya que ahora es la única camarista que nunca participó de ninguna instancia durante la investigación y le aseguró a este medio que no tiene ninguna relación de amistad ni parentesco con los imputados para inhibirse. Los otros dos miembros que acompañarán a la recientemente designada saldrán de un sorteo de un grupo conformado por jueces de primera instancia: el de Instrucción Martín Heredia y los Correccionales Matías Parrón y Carolina Parra.

Por otro lado, Galvani asumió como el fiscal de Cámara que trabaja con la Sala I, donde está radicada la megacausa. A él lo acompañará en el juicio su par de Flagrancia, Iván Grassi. Ambos ya trabajaron juntos, ya que le solicitaron al juez Benedicto Correa la elevación a juicio del cuarto procesamiento.

El escándalo de las expropiaciones comprende a abogados, exfuncionarios y exjueces que habrían formado una red delictiva para sacarle millones de pesos a la provincia al inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado. Todavía no hay fecha definida para el comienzo del debate, pero fuentes indicaron que sería en el transcurso de este semestre.