La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti, resolvió hace unos días que la primera demanda que presentó la gestión uñaquista contra Vialidad Nacional debe tramitarse ante el máximo tribunal. Se trata del primer paso en la causa, el cual es clave para que los supremos empiecen a resolver el planteo. El Gobierno de San Juan le había reclamado a la administración macrista el cumplimiento de un convenio y el pago de 873.776.730 pesos, más intereses, por el saldo de una cuota y la deuda completa de otra, luego de un convenio que habían firmado. En ese acuerdo, la provincia había ejecutado y abonado con sus recursos obras de jurisdicción nacional a cambio de su devolución. El objetivo de la gestión local fue que no se detuvieran las tareas y sostener la mano de obra en los trabajos sobre Ruta 40 Sur y Norte, 150 sección I y II, 20, 141, 149 y rutas provinciales 414, 246, 14, 1, 511 y 12, más la deuda por estudios del Túnel de Agua Negra.

San Juan venía peleando de manera administrativa la deuda de Vialidad y hubo acercamientos con la Nación, pero luego de desplantes de la repartición, Fiscalía de Estado presentó la demanda. Y no fue una sola sino que luego planteó dos más: otro por cerca de 1.320 millones de pesos y el tercero por unos 1.600 millones. Los resultados de las acciones judiciales serán tratados por el gobierno del presidente electo Alberto Fernández.

La demanda contra Vialidad es competencia de la Corte.