La Justicia penal resolvió procesar a uno de los 15 involucrados en el escandaloso video que muestra cómo un grupo de profesionales se burla y se ríe frente a un paciente al que le extraen una botella del recto. El médico Fernando Rochetti quedó imputado del delito de violación a los deberes de funcionario público, al no haber puesto orden como profesional encargado en ese momento del quirófano. De cualquier forma, si es condenado, no iría preso porque se trata de un delito sin pena de cárcel. Los otros implicados fueron sobreseídos, por lo que quedaron libres de culpa y cargo.
La resolución fue dictada ayer por el juez Correccional Eduardo Gil, a algo más de cinco meses de haberse conocido la polémica filmación que recorrió el mundo a través de Youtube. Y si bien todavía no se pudo saber los pasos legales que seguirá el único profesional que quedó comprometido, que ya no trabaja en el nosocomio porque apenas sucedido el hecho le rescindieron el contrato, en la Justicia dan por descontado que apelará. Si no lo hace o le rechazan el planteo, la causa quedaría en condiciones de ser elevada a juicio.
El video fue registrado con un celular por uno de los agentes que ingresó al quirófano el año pasado y tomó estado público cuando, aparentemente, una persona externa del hospital lo sacó del teléfono de uno de los profesionales y lo subió a la web. En las imágenes se cuenta a 15 personas con cofia y barbijo dentro de la sala de operaciones y se ve cómo algunos de ellos hacen comentarios, se ríen y se burlan del paciente al que le están sacando un botella de gaseosa que había quedado atrapada en su recto.
El caso despertó un profundo debate social sobre el comportamiento que deben seguir los profesionales de la salud y abrió dudas sobre cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos. Y hasta significó la directa intervención del ministro de Salud, Oscar Balverdi, que fue quien presentó la denuncia penal para que se determinen responsabilidades -el paciente nunca se presentó a denunciar el hecho y se desconoce públicamente su identidad-.
Gil, que se basa en los procedimientos normados que hay para este tipo de intervenciones, destaca en su resolución que en el quirófano debían permanecer exclusivamente los ocho agentes afectados a la intervención, no 15 como se observan, que hubo "expresiones ofensivas y burlescas hacia el paciente" y que no había ninguna justificación para grabar la escena con un celular. Y responsabiliza de ese descontrol a Rochetti, ya que era el cirujano a cargo de la intervención.
Según el magistrado, el único habilitado a poner orden era Rochetti y no lo hizo. Dice que el profesional "ilegalmente omitió realizar un acto de su oficio, que en ese momento no se limitaba a realizar en forma correcta la intervención, sino también a impedir que en el recinto a su cargo" se cometieran excesos.
El delito en juego es el de violación de los deberes de funcionario público, ya que Rochetti estaba concebido en ese carácter al actuar dentro de un Hospital Público. La pena que fija es multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año. Es decir, en el peor de los casos, el profesional podrían ser inhibido para actuar como médico.
Para el juez, los otros 14 agentes que estaban en la sala -incluso quien filmaba- no tienen responsabilidad penal y los desvinculó de la causa (Ver Los sobreseídos). Sostiene que al no tener la potestad de impedir los "atropellos" contra el paciente, "las acciones de los demás son en varios casos contrarias a la ética profesional y probablemente incurrieron en ilícitos administrativos, pero no encuadran en el tipo penal imputado".