En un allanamiento con aviso al Hospital Marcial Quiroga, la Justicia consiguió ayer la identidad del paciente al que le extrajeron una botella del ano mientras un grupo de profesionales filmaba la intervención quirúrgica y se burlaba de la situación. El dato surge de la historia clínica y el libro de guardia que el juez había pedido como parte de la prueba que necesita para determinar si el personal sanitario cometió delito y que desde el nosocomio se resistieron a aportar aduciendo que sería violar el secreto profesional. También se secuestraron los libros de consultorios externos y de anestesia y drogas.

El allanamiento fue inusual, ya que desde el miércoles se sabía públicamente que se iba a llevar a cabo. El objetivo era secuestrar, entre otras cosas, documentación de la que surge la identidad de la víctima de las burlas y las risas. El escándalo quedó registrado en un video que filmó durante la intervención uno de los involucrados y que después fue subido a Internet.

Ayer, a las 11, un oficial de justicia y dos efectivos policiales llegaron hasta el despacho de la directora del hospital, Susana Rudaeff. Estuvieron reunidos más de una hora y se fueron con registros del nosocomio y la historia clínica. "Todo normal, la directora ha colaborado…", dijo apenas terminó el operativo el subcomisario Alfredo Luna.

Con la historia clínica y el libro de guardia, el juez Eduardo Gil tiene por primera vez en su poder los datos del paciente. Y esa información se suma al listado de los 15 profesionales que aparecen en el video que aportó el ministro Oscar Balverdi cuando hizo la denuncia.

El allanamiento fue pedido por la fiscal Estella Marys Romero, a raíz de la instrucción que le bajó la Fiscalía General de pedir al secuestro de la documentación cuando exista reticencia de los funcionarios. Pasa que la documentación fue solicitada por el juez hace más de diez días y desde el Marcial Quiroga no la mandaron.

La polémica fue, fundamentalmente, por la historia clínica. Sucede que en el nosocomio consideran que dar ese dato sería exponer la identidad del paciente y violar el secreto profesional. Por el contrario, en Tribunales aseguraron que las autoridades sanitarias están obligadas a dar los datos. Ayer, la propia Rudaeff contó que el juez le comunicó vía telefónica que no se viola el secreto profesional.

Los involucrados están en la mira por dos presuntos delitos: violación de los deberes de funcionario y violación del secreto profesional.