El Senado nacional aprobó ayer y convirtió en ley el proyecto impulsado por el oficialismo que regulará el mercado del papel para periódicos.

La iniciativa declara de ‘interés público‘ la producción y comercialización del papel para diarios. Según el kirchnerismo, la idea es garantizar a todos los medios gráficos el acceso al insumo en igualdad de precios, mientras que para la oposición la norma es producto de la ‘pelea‘ del Gobierno con los accionistas de Papel Prensa, porque pretende el control de la prensa y puede llevar a la expropiación de la empresa a través del manejo del cupo de distribución del papel.

El grupo Clarín, con un 49% de las acciones, y La Nación (22,49) son socios de Papel Prensa, el único fabricante de papel para periódicos en Argentina y en el que el Estado posee otro 28,08. La norma encomienda al Ejecutivo a confeccionar un marco regulador para esta actividad que garantice un tratamiento igualitario en precio y cantidades de papel para todos los diarios del país.

Sobre ese aspecto, el senador K, Aníbal Fernández, explicó que ‘del total producido por Papel Prensa, los diarios Clarín y La Nación utilizan el 71% para cubrir sus necesidades y el 29% restante se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio 15% mayor e importar para abastecerse‘.

Papel Prensa acapara el 75% del consumo doméstico de papel para periódicos, mientras que el resto proviene de la importación. Por eso, Aníbal Fernández aclaró ayer que esta ley busca ‘abastecer al mercado interno‘.

En uno de los puntos de la iniciativa, se nombra al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, por lo cual algunas de sus áreas, presumiblemente Comercio Interior y Exterior, deberán intervenir en todos los actos previstos en la normativa. También se creará una comisión, cuya función será la de asesorar a la Autoridad de Aplicación. Estará integrada por un representante de los diarios de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, salvo Clarín y La Nación, más dos representantes de organizaciones de usuarios y consumidores y tres por los trabajadores.

Un artículo cuestionado es el que expresa que si los accionistas privados no realizan inversiones en la compañía, el Estado podrá financiar el aumento de la capacidad operativa de la misma, lo que se traduciría en un incremento del capital accionario. El proyecto fue aprobado por 41 votos positivos, contra 26 negativos y hubo una sola abstención, de Agustín Pérez Alsina (Partido Renovador de Salta).