El proyecto de Modernización Laboral se consolidó como el eje central de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para el mes de febrero, motivo por el cual la Casa Rosada y La Libertad Avanza (LLA) intensificaron en los últimos días una agenda de reuniones orientada a asegurar los votos necesarios en el Congreso.
En el Senado, una comisión técnica encabezada por la asesora Josefina Tajes, junto al secretario parlamentario del oficialismo, Cristian Larsen, y con el aval político de la senadora Patricia Bullrich, mantiene encuentros individuales con actores sociales, sindicales, empresariales y legisladores de distintos bloques para pulir la letra chica del proyecto.
Desde comienzos de esta semana, los funcionarios mantienen reuniones con senadores, equipos técnicos legislativos y representantes de organizaciones sindicales y empresariales, un esquema de trabajo que se extenderá al menos una semana más. El objetivo es llegar con un consenso amplio a la sesión prevista para el 11 de febrero, cuando la reforma laboral será debatida en el recinto del Senado. En paralelo, Patricia Bullrich convocó a su bancada para el 2 de febrero, con el fin de definir el temario de las extraordinarias habilitadas por el presidente Javier Milei entre el 2 y el 27 de febrero.
La postura sindical
Desde el sector gremial, el secretario general de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP), Julio Estévez (h), reconoció la necesidad de actualizar el marco normativo, aunque marcó límites claros. “El empleo en Argentina cambió de manera drástica: hoy existen más trabajadores autónomos y nuevas modalidades como el trabajo en aplicaciones”, afirmó. Sin embargo, advirtió que cualquier modernización “no puede implicar un retroceso en los derechos adquiridos de los trabajadores”.
Ante las observaciones de los distintos sectores, el oficialismo avanza en la redacción final del proyecto que luego será elevado al pleno del Senado. El senador chaqueño Juan Cruz Godoy (LLA) aseguró que el texto tendrá modificaciones para cerrar acuerdos finales. “La parte esencial ya está consensuada; lo que restaba definir era el impacto presupuestario”, explicó.
Godoy subrayó que la prioridad del Gobierno es sostener el superávit fiscal, condición indispensable para aplicar los incentivos fiscales previstos para Pymes y empresas medianas. En ese marco, destacó que el cierre del Presupuesto y el acuerdo con los gobernadores destrabó el tramo final de la negociación.
Negociaciones con los gobernadores
En paralelo al trabajo parlamentario, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una intensa ronda de encuentros con mandatarios provinciales. Según publicó TN, esta semana se reunió con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y tiene previstas reuniones con Rolando Figueroa (Neuquén) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Tras cada encuentro, Santilli remarca que “ningún gobernador puede oponerse a una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y atraer inversiones”. El ministro ya aseguró el respaldo de los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza), y busca sumar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, agregó ese medio.
El principal foco de tensión se concentra en el capítulo tributario del proyecto. Los artículos 190 y 191 reducen alícuotas del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a las sociedades, ambos coparticipables, lo que genera resistencia en algunas provincias. Desde la Casa Rosada plantean mecanismos de compensación para neutralizar la pérdida de ingresos.
Las conversaciones continúan y, tanto Santilli como Bullrich, confían en mantener el apoyo de los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes ya acompañaron la Ley de Presupuesto 2026 y resultaron clave para dividir el voto del peronismo en el Senado.