El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, busca un poco de oxígeno con varios frentes de batalla abiertos. Con las cuentas en rojo, un pesado pasivo municipal y una interna partidaria, el peronista salió este miércoles a dar la cara ante los empleados municipales, en una reunión realizada en la puerta del edificio comunal, con el objetivo de descomprimir un clima de creciente malestar.
A primeras horas de la mañana, Riveros, acompañado por su equipo de gobierno, se reunió con el personal de planta permanente para comunicar cómo se pagarán los dos bonos con los que estaba comprometido: uno de $80.000 y otro de $120.000. Según informó oficialmente la Municipalidad, ambos beneficios se abonarán con fondos netamente municipales.
El acuerdo alcanzado establece que el monto total de $200.000 se depositará en cuatro cuotas de $50.000, a pagarse en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Se trata de un beneficio único y no remunerativo que, de acuerdo al Ejecutivo, fue consensuado en un marco de diálogo con los trabajadores y con la participación de los gremios SUOEM y UPCN.
Desde el municipio remarcaron que la medida refleja “el compromiso permanente de la gestión del jefe comunal con los empleados municipales y sus derechos”. Sin embargo, la escena expuso una contradicción que recorre hoy la gestión: mientras se promete cumplir con los bonos del personal, el propio Ejecutivo aún no logró pagar los sueldos correspondientes al mes de diciembre a la planta política.
Valle Fértil arrastra problemas económicos desde hace tiempo. En mayo del año pasado, el Ejecutivo local puso en marcha un plan de reestructuración con el objetivo de reducir gastos, en medio de un contexto de recursos escasos y compromisos acumulados. Aquella decisión incluyó un recorte significativo del organigrama político, la eliminación de cargos clave, la fusión de áreas estratégicas y un congelamiento salarial para toda la planta política por tres meses.
El gabinete pasó de 38 a 27 cargos políticos, se eliminaron 11 puestos y otros cinco directamente desaparecieron, entre ellos la Jefatura de Gabinete y la asesoría letrada. Según Riveros, el ajuste permitió un ahorro estimado de $25 millones. Además, los funcionarios que conservaron sus lugares sufrieron recortes salariales de entre el 5% y el 20%, mientras que el intendente aseguró haberse reducido el sueldo un 10%, sobre un ingreso que rondaba los $4,7 millones netos.
En paralelo a la crisis económica, Riveros sostiene una interna política permanente con el exintendente y actual diputado departamental, Omar Ortiz, que erosiona su margen de maniobra y alimenta la tensión dentro del oficialismo.