La Cámara de Diputados de la Nación trata este jueves la reforma del Régimen Penal Juvenil que implicará la baja de la edad de imputabilidad, actualmente fijada en la Argentina en 16 años.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue modificado en comisión para poder conseguir el apoyo de la UCR y el PRO.
El proyecto contempla tres aspectos centrales que la diferencian del originario que había impulsado en 2024: que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.
Así, el dictamen de mayoría reunió 78 firmas entre los bloques LLA, Pro, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID, Provincias Unidas.
Edad imputabilidad
Sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, mientras que la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR fijaron su posición en que tenía que bajar a 14 años. Ese fue el punto principal que tuvo que ceder el oficialismo para contar con el apoyo de los dialoguistas.
El financiamiento
Uno de los pedidos de la oposición era consignar el costo de implementación de la nueva normativa. Por eso, en el artículo 51, se consignó que para hacer efectiva esta ley se destinará un monto total de $23.739.155.303,08, el cual provendrá en $3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones.
Pena máxima
El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.
En los argumentos del proyecto, el PEN sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina, y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
“Como se mencionó oportunamente en el año 2024, la vigente Ley N° 22.278 sobre Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en el año 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social”, se agregó.
A través de más de 50 artículos, la iniciativa prevé principios rectores, derechos y garantías del régimen penal juvenil; los derechos de las víctimas; las penas y las medidas complementarias; las causales de extinción de la acción penal y de la pena; la supervisión por parte de los órganos competentes del Estado; las características de los institutos especializados de detención y las medidas de salud; y las disposiciones presupuestarias pertinentes.
El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.
Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.
El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia