La Cámara de Diputados dio este miércoles un nuevo paso para avanzar con la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Durante la sesión especial, el cuerpo aprobó el emplazamiento a las comisiones correspondientes y dejó establecido un cronograma que obliga a tratar la iniciativa durante septiembre, después de una jornada atravesada por negociaciones entre el oficialismo, la oposición y bloques vinculados a los gobernadores.
Diputados aprobó el emplazamiento y acelera la prórroga de la Emergencia en Discapacidad
Las comisiones deberán debatir el proyecto el 16 de septiembre y buscar dictamen el 23. La emergencia vigente vence a fin de año.
La decisión no significa que la extensión de la emergencia ya haya sido sancionada. Lo que hizo Diputados fue fijar fechas para que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda analicen el proyecto y avancen hacia la firma de un dictamen, paso indispensable antes de que la iniciativa pueda regresar al recinto para una eventual media sanción.
Las fechas que quedaron fijadas
El cronograma acordado establece que el miércoles 16 de septiembre, a las 12, se realizará una primera reunión informativa conjunta de las comisiones. Una semana después, el miércoles 23, también a las 12, los diputados deberán volver a reunirse con el objetivo de emitir dictamen sobre la prórroga.
La iniciativa actualmente en discusión propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad establecida por la Ley 27.793. El proyecto fue presentado en agosto y lleva, entre otras, las firmas de Juan Marino, Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad y Pablo Juliano.
De conseguir dictamen favorable el 23 de septiembre, la oposición quedará en condiciones de impulsar una nueva sesión durante las semanas siguientes para buscar la aprobación de la prórroga en la Cámara baja. La emergencia actualmente vigente tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2026.
Qué contempla la Emergencia en Discapacidad
La normativa vigente creó una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y estableció que puede ser compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen determinados límites. También incorporó herramientas para asistir a instituciones y prestadores afectados por problemas financieros.
Entre sus principales medidas se encuentra un régimen para regularizar deudas tributarias de hogares, escuelas especiales, centros de día y transportistas, además de la condonación de intereses y multas en determinados casos. A eso se sumó un mecanismo de actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, uno de los reclamos centrales del sector.
El proyecto que busca extender la emergencia mantiene además la posibilidad de que la Jefatura de Gabinete realice modificaciones presupuestarias para financiar su aplicación, con la condición de no disminuir las partidas correspondientes a la finalidad de Servicios Sociales.
Una sesión que cambió después de las negociaciones
La jornada había comenzado con la oposición dispuesta a reunir el quórum por su cuenta para forzar el tratamiento tanto de discapacidad como de la creciente morosidad de las familias. En las horas previas se calculaban al menos 134 diputados disponibles, cinco más de los 129 necesarios para iniciar una sesión.
Sin embargo, tras las negociaciones en Labor Parlamentaria, La Libertad Avanza decidió finalmente dar quórum y se acordaron fechas concretas para ambas discusiones. En el caso del endeudamiento familiar, Finanzas y Defensa del Consumidor tendrán reuniones informativas el 15 y 22 de septiembre, mientras que el objetivo será firmar dictamen el 29.
La discusión por la morosidad incluye alrededor de 50 proyectos distintos, con propuestas que van desde planes de refinanciación y reducción de intereses punitorios hasta límites a las tasas aplicadas sobre las deudas. Los bloques dialoguistas buscan unificar esas iniciativas evitando, en principio, un costo fiscal directo para el Estado.
En discapacidad, en cambio, el escenario quedó ahora mucho más definido: habrá una primera cita el 16 y una fecha límite para buscar dictamen el 23 de septiembre. El próximo capítulo será determinar si existe una mayoría suficiente para extender la emergencia durante todo 2027 y llevar nuevamente el proyecto al recinto.