El Gobierno nacional confirmó este lunes que apelará el fallo judicial que suspendió los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, a través del cual se intentaba restringir el derecho a huelga en determinadas actividades. La decisión fue tomada por la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional del Trabajo N.° 3, quien hizo lugar a un amparo presentado por la CGT.
Desde el Ejecutivo minimizaron el impacto de la resolución y aseguraron que “no modifica nada en la práctica”, ya que sigue vigente la medida cautelar dictada anteriormente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre el Título IV del DNU 70/23, que también había intentado avanzar sobre el régimen laboral.
A pesar de eso, en Casa Rosada confirmaron que apelarán la sentencia. “Era previsible, sabíamos que la Justicia iba a actuar así”, señaló un funcionario nacional. En paralelo, fuentes del oficialismo admitieron que la única vía que queda para reinstalar los artículos anulados sería enviar un proyecto de ley al Congreso y buscar consensos parlamentarios, algo que por el momento parece lejano.
La jueza Fullana argumentó que no existían “circunstancias excepcionales” que justificaran la firma de un DNU con modificaciones sustanciales al derecho laboral. Sostuvo además que el decreto violaba el principio de división de poderes y la libertad sindical.
El DNU 340/25, que fue publicado a fines de mayo bajo el nombre “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, ampliaba la lista de actividades esenciales y establecía un piso obligatorio de cobertura durante las huelgas: un 75% para los servicios esenciales y un 50% para los trascendentales.
Desde sectores gremiales celebraron la decisión judicial y denunciaron que el decreto intentó avanzar “por la puerta trasera” en una nueva restricción del derecho a la protesta, sin pasar por el Congreso. La CGT, en tanto, se mantiene en estado de alerta y ya anunció nuevas medidas de fuerza para junio, principalmente desde el sector del transporte.