El Gobierno de Javier Milei analiza incorporar la explotación pesquera al nuevo régimen de sanciones por Malvinas que enviará al Congreso la próxima semana. La iniciativa busca ampliar las herramientas contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades en las islas que la Argentina considera realizadas sin autorización nacional.
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El Gobierno evalúa sumar la pesca al nuevo régimen de sanciones por Malvinas
El Ejecutivo analiza ampliar las sanciones a empresas, accionistas y proveedores vinculados con la pesca en las islas sin autorización argentina.
Qué alcance tendrán las nuevas sanciones por Malvinas
En la Casa Rosada confirmaron que la pesca está bajo análisis dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque todavía resta definir qué empresas y actores quedarían alcanzados. La discusión apunta especialmente a los vínculos directos o indirectos con compañías que operan bajo licencias otorgadas por la administración británica de las islas.
Argentina ya cuenta con herramientas legales para sancionar este tipo de situaciones. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca establece que quienes reciben cuotas o permisos de captura deben declarar que no mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización.
En caso de comprobarse una infracción, pueden caducar permisos, cuotas y autorizaciones de captura. Ahora, el Ejecutivo analiza si el nuevo paquete legislativo permitirá ampliar ese esquema y alcanzar a otros actores vinculados con la actividad pesquera en Malvinas.
La posibilidad de extender el régimen a otras actividades fue planteada por Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre. En esa oportunidad, el Presidente anticipó modificaciones a la Ley 26.659 y sostuvo que las sanciones también alcanzarían actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales argentinos.
El esquema que impulsa Nación contempla avanzar no solamente contra las compañías que desarrollen directamente una actividad cuestionada, sino también contra accionistas, directores, proveedores y empresas que tengan participación económica en esos proyectos. Además, se analiza limitar la posibilidad de que los infractores puedan contratar o desarrollar determinados negocios en Argentina.
El antecedente de las sanciones petroleras
El Gobierno ya comenzó a aplicar esta estrategia sobre la explotación de hidrocarburos. Cancillería inició procedimientos contra 45 personas y empresas relacionadas con actividades petroleras en Malvinas y posteriormente incorporó otros 15 actores, entre accionistas y proveedores.
Uno de los principales focos es Sea Lion, el proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Ejecutivo sostiene que el avance de esa iniciativa requiere reforzar los mecanismos para impedir que empresas vinculadas con actividades consideradas ilegales puedan mantener operaciones comerciales en el país.
En el caso de la pesca, el escenario es más complejo porque es una de las principales fuentes de ingresos de las islas. Las licencias otorgadas por la administración británica permiten desde hace décadas la actividad de numerosas embarcaciones durante las diferentes temporadas del Atlántico Sur.
Por ese motivo, una ampliación del régimen podría tener un impacto mayor que el aplicado sobre el sector petrolero. La legislación vigente contempla no sólo al propietario de un buque, sino también vínculos societarios, jurídicos, económicos o de beneficio, por lo que el Gobierno deberá establecer con precisión qué relaciones serán consideradas alcanzadas.
Más controles sobre la pesca en el Atlántico Sur
El Ejecutivo también reforzó durante 2026 los controles sobre la pesca ilegal en aguas bajo jurisdicción argentina. Cinco buques extranjeros fueron sancionados por operar dentro de la Zona Económica Exclusiva sin autorización, aunque esos procedimientos no corresponden específicamente al régimen vinculado con Malvinas.
En paralelo, Prefectura incrementó el monitoreo de la actividad mediante sistemas electrónicos y seguimiento de embarcaciones. Nación también trabaja en el fortalecimiento de radares, telecomunicaciones y sistemas de información marítima desde Tierra del Fuego para ampliar la vigilancia del Atlántico Sur.
El próximo paso será definir si la pesca queda expresamente incluida en el proyecto que llegará a Diputados y cuáles serán las nuevas sanciones. En el Gobierno esperan cerrar la redacción durante los próximos días.
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