Mientras la Justicia federal define los próximos pasos en torno al cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota formal ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 para advertir sobre las consecuencias negativas que podría generar una eventual prisión domiciliaria de la expresidenta en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.
La presentación fue realizada por la Procuración General porteña por instrucciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri. En el escrito se manifestó la “preocupación institucional” por el impacto que esa medida tendría sobre la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad poblacional y tránsito constante.
Según detalla el documento, desde que se confirmó la condena de la exmandataria comenzaron a registrarse concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y una sobrecarga operativa sobre las fuerzas de seguridad de la Ciudad. También se adjuntaron informes técnicos.
Frente a este escenario, el gobierno porteño solicitó que, en caso de autorizarse la prisión domiciliaria, se implementen “medidas excepcionales” para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales.
En paralelo, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron hoy que se debe rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de la expresidenta, y que la condena de seis años de prisión por el caso Vialidad la debe cumplir en una unidad de las fuerzas de seguridad.
Fuentes judiciales informaron a este medio que los fiscales presentaron su dictamen de 10 páginas ante el Tribunal Oral Federal 2 que ahora quedó en condiciones de resolver si lo otorga o no la prisión domiciliaria a la expresidenta. La expectativa es que lo haga hoy.