El Gobierno lleva adelante una fuerte reforma en la seguridad presidencial con la instalación de nuevas cámaras en la quinta de Olivos, la Casa Rosada y el Museo del Bicentenario. Según pudo saber TN, la licitación ya pasó la revisión técnica de los equipos de Casa Militar y fue aprobada por la secretaría general de Presidencia, que encabeza Karina Milei.
Se trata de un proceso secreto, que definió comprarle el sistema de vigilancia a una empresa nacional, más allá de que un sector de las autoridades militares se mostró a favor de una norteamericana. La única condición del procedimiento fue que las cámaras no tengan relación con la producción rusa. “No los queremos adentro de Olivos”, expresan en el oficialismo.
El esquema de monitoreo actual tiene más de treinta años y se adquirió en la gestión del expresidente Carlos Menem. Las cámaras son de alta definición, pero tienen una capacidad corta de almacenamiento, de forma que se borran automáticamente antes de los treinta días. Es lo que le respondió el Ejecutivo a la Justicia cuando le pidió videos de las zonas internas, alrededor del chalet presidencial y huéspedes, de abril a agosto de 2021, por la denuncia de Fabiola Yañez.
Los cercanos al Presidente aseguran que las cámaras están en camino y que su instalación comenzará en los primeros días de agosto. Esperan que ya estén operativas a mediados de mes. La empresa que estuvo a cargo del mantenimiento del circuito es Automation Systems, que pertenece al exteniente de Fragata, Armando Raúl Mayora. Sus servicios fueron adquiridos por la gestión de Alberto Fernández y Karina Milei amplió el contrato en marzo de 2024 por $30.360.000.
El Gobierno busca reformar también la condición de los soldados voluntarios que están a cargo del tercer anillo de seguridad de la Casa Rosada, que no cuentan con armas. Según pudo saber TN, están recibiendo mayor instrucción militar en términos de defensa personal y de tiro. Las autoridades planean otorgarles pistolas “Byrna”, que disparan proyectiles no letales.
Se trata de las mismas que usan los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Permiten desactivar una amenaza a 20 metros de distancia y guardan diferencias con las Taser porque abarcan un rango de acción más amplio. En Nación mantienen la postura de que buscan “profesionalizar” a los soldados que monitorean los pasillos de Balcarce 50 y reconocen que comenzarán a derivar a tareas administrativas a los de menor tamaño corporal.
El Ejecutivo tiene en carpeta además la compra de un dispositivo de vigilancia móvil para poder identificar posibles riesgos en los actos a los que asiste Javier Milei. Busca un sistema de reconocimiento facial que cruce bases de datos de Renaper, Migraciones y Seguridad, entre otros organismos, con la intención de detectar personas con antecedentes penales o vinculadas a investigaciones federales.
En un sector de la Casa Rosada aseguran que la compra está a cargo de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que preside Sergio Neiffert. En Balcarce 50 la califican de “urgente” a raíz de que el Presidente suele realizar sus entradas a los actos partidarios a través del público. Los agentes a cargo de su seguridad lo definen como un “peligro”, más allá de que ubican francotiradores para monitorear sus movimientos.