La Libertad Avanza sufrió un revés parlamentario este miércoles luego de que fracasara la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados por falta de quórum. El oficialismo y sus aliados reunieron 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para abrir el debate. La ausencia de representantes de Provincias Unidas y el MID terminó de frustrar una jornada en la que el Gobierno buscaba avanzar con varios proyectos centrales de su agenda.
El Gobierno sufrió un revés en Diputados: le faltaron tres legisladores y se cayó la sesión
La ausencia de diputados de Provincias Unidas y el MID impidió reunir el quórum. Quedaron pendientes la Ley de Soberanía Nacional, la reforma del Banco Central y otros proyectos clave de Javier Milei.
La caída de la sesión se produjo pese a que las distintas bancadas habían alcanzado un acuerdo previo en Labor Parlamentaria para organizar el tratamiento de las iniciativas. Incluso habían establecido un cronograma de 13 horas y 9 minutos de debate, con tiempos asignados a cada proyecto y a las intervenciones de los bloques.
Sin embargo, los consensos para ordenar la discusión no se tradujeron en los respaldos necesarios para garantizar la presencia de los diputados en el recinto. La diferencia fue mínima, pero suficiente para dejar sin tratamiento todo el temario.
La convocatoria había sido impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores oficialistas, con el objetivo de avanzar en la agenda del Poder Ejecutivo durante las últimas semanas del período ordinario.
Entre los proyectos que quedaron pendientes se encontraban la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que estaba en condiciones de completar su trámite legislativo.
Los proyectos que quedaron en suspenso
El debate iba a comenzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tenía asignadas casi diez horas del cronograma. La iniciativa contempla cambios en el régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y modificaciones relacionadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.
Uno de los puntos más controvertidos es la incorporación de penas de cinco a doce años de prisión para quienes organicen o financien determinadas campañas destinadas a interferir en procesos electorales o condicionar decisiones de las autoridades en beneficio de intereses extranjeros.
La propuesta generó cuestionamientos de sectores opositores y dialoguistas por el alcance de las nuevas figuras penales y sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión. Aunque durante el debate en comisión se incorporaron exclusiones para actividades periodísticas, diplomáticas y académicas, persistían diferencias sobre las garantías previstas.
El proyecto también establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, bajo la conducción del Presidente, con facultades para coordinar políticas de defensa, seguridad e inteligencia y analizar inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
Otro de los asuntos centrales era la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresó a Diputados después de las modificaciones introducidas por el Senado.
La iniciativa fija como objetivo principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y otros mecanismos de emisión.
Además, modifica el destino de las utilidades del organismo, que deberán utilizarse prioritariamente para cubrir pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública. Diputados debía resolver si aceptaba los cambios realizados por el Senado o insistía con la redacción original.
Acuerdos comerciales y traspaso de la Justicia
El temario también incluía dos instrumentos vinculados con la integración comercial del Mercosur. Uno era el acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que busca ampliar el intercambio de bienes y servicios y reducir barreras comerciales.
El otro proyecto contemplaba una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, con el objetivo de actualizar el marco normativo regional.
A su vez, estaba previsto el tratamiento conjunto de dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno corresponde al traspaso progresivo de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño y el otro a funciones criminales y correccionales vinculadas con menores.
Por último, los diputados tenían previsto discutir una modificación de la Ley 24.467 de pequeñas y medianas empresas, que busca ampliar el alcance del régimen para facilitar el acceso de cooperativas a los instrumentos de reconocimiento y promoción contemplados en la legislación.
Ninguno de estos expedientes pudo llegar al recinto.
Un revés para la estrategia parlamentaria de Milei
La organización de la sesión contemplaba, además, un minuto de silencio por el fallecimiento de la exdiputada Patricia Walsh y un posible homenaje a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
También se habían anticipado 17 cuestiones de privilegio, siete homenajes y ocho pedidos de apartamiento del reglamento, que podían extender todavía más una jornada que ya tenía más de 13 horas de discusión previstas.
El fracaso dejó expuesta la dificultad del oficialismo para sostener acuerdos parlamentarios y garantizar el funcionamiento de la Cámara, incluso cuando existen entendimientos previos sobre el tratamiento de determinadas iniciativas.
El escenario representa un desafío para el Gobierno, que necesita reunir apoyos para avanzar con otros proyectos prioritarios, entre ellos el Presupuesto 2027, antes de que finalice el período ordinario.
Con 126 diputados presentes y tres ausencias que resultaron decisivas, La Libertad Avanza no pudo poner en marcha una sesión para la que ya tenía acordado hasta el último detalle del debate.