El presidente Javier Milei decidió quitar del proyecto de modernización laboral uno de los artículos que más resistencia generaba entre los gobernadores: el vinculado al impuesto a las Ganancias y a la consecuente pérdida de recursos coparticipables para las provincias. La marcha atrás no solo destrabó tensiones políticas, sino que implicó para San Juan un alivio fiscal que supera los $30.000 millones anuales.
El artículo en cuestión preveía un cambio impositivo que, de acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), hubiera significado para San Juan una pérdida estimada de $36.721 millones en un año en concepto de fondos coparticipables. Ese número colocaba a la provincia como la segunda más afectada de la región de Cuyo, solo por detrás de Mendoza, que aparecía con un impacto negativo de $45.300 millones, mientras que San Luis cerraba el ranking con $24.795 millones menos.
Ese escenario encendió luces de alerta en las provincias y se transformó en uno de los principales escollos políticos del proyecto. Finalmente, la decisión del Presidente de retirar ese artículo permitió descomprimir el frente con los gobernadores y allanar el camino para asegurar los votos necesarios en el Senado, donde el capítulo fiscal amenazaba con trabar la iniciativa.
Muchos gobernadores, entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego, están a favor de la reforma, pero en contra de la quita de fondos. El mandatario provincial defendió la iniciativa libertaria. En rueda de prensa, expresó que para la Argentina la reforma es “inexorable porque tiene que ir hacia una modernización. Tenemos una ley del año 1974, imagínense el largo tiempo que ha pasado”. “Lo que hace la reforma es venir a modernizar para que tengamos más posibilidades”, explicó.
El tema fue abordado este martes en una reunión de la mesa política del Gobierno nacional, realizada en Casa Rosada, con foco central en el impacto fiscal de la reforma. El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
También formó parte del análisis el ministro de Economía, Toto Caputo, quien evaluó el impacto fiscal que implicaba sostener el artículo y las consecuencias que eso tendría tanto en las cuentas provinciales como en la viabilidad política del proyecto en la Cámara alta. La idea original implicaba una reducción de alícuotas en el Impuesto a las Ganancias (del 35% al 31,5% para empresas grandes y del 30% a 27% para pequeñas) con un impacto fiscal directo inicial del 0,22% del PBI, afectando principalmente la coparticipación de las provincias.