Tras la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno dejará sin funciones a más de 5.100 empleados públicos, en el marco del plan de reorganización del sistema vial impulsado por la Secretaría de Transporte. La medida se complementa con la desaparición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, como parte del rediseño de estructuras anunciado esta semana.
Según informó TN, la totalidad de la planta de Vialidad será pasada a disponibilidad con goce de sueldo durante un año. Durante ese período, algunos trabajadores podrían ser reubicados en áreas del Ministerio de Economía, que absorberá la gestión de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, o en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
En paralelo, se evalúa su capacitación para cumplir tareas tercerizadas del Estado. En los casos donde no se disponga una reubicación, los empleados recibirán una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, calculada con base en el salario más alto percibido en los últimos doce meses.
Además, el Gobierno cuenta con herramientas habilitadas por la Ley Bases para evitar pagos indemnizatorios cuando se detecten irregularidades laborales, como inasistencias, incumplimiento de horarios o abandono de tareas.
También está en marcha un inventario detallado de los bienes de Vialidad, que incluya inmuebles, vehículos, maquinaria pesada y fondos líquidos, que deberán ser transferidos al Tesoro nacional. El organismo disuelto contaba con un presupuesto de más de $456.000 millones.
La medida también alcanza al personal de los otros organismos eliminados, y en su reemplazo se creó un nuevo esquema que, entre otras cosas, le da a Gendarmería Nacional el control de rutas, ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. A su vez, el Ministerio de Economía concentrará las tareas técnicas y operativas que antes cumplía Vialidad Nacional.