El conflicto entre La Rioja y el proyecto Vicuña, por momentos, deja de ser un diferendo de cariz institucional para convertirse en una escena de realismo mágico, de oportunismo político. Porque lo que está en juego no es solo un expediente judicial de dudosa consistencia. Es algo más profundo: la pretensión del gobernador Ricardo Quintela de subirse al tren minero de San Juan sin siquiera haber tendido antes las vías.
El realismo mágico de Quintela con Vicuña y la respuesta abroquelada de la política sanjuanina que tiene votos
El avance judicial de La Rioja contra el proyecto Vicuña expuso la intención de Ricardo Quintela de captar los beneficios de la minería sanjuanina sin haber construido la licencia social que la sustenta.
El fallo de una jueza riojana que busca paralizar la actividad de Vicuña es apenas una excentricidad jurídica; es, directamente, un disparate. No hay antecedentes en la minería argentina —ni siquiera en proyectos binacionales o biprovinciales— donde una jurisdicción pretenda evaluar integralmente un emprendimiento ubicado al 100% en otra. Mucho menos, condicionarlo con una medida que ni siquiera está claro si tiene competencia territorial.
La discusión de fondo es transparente. La Rioja quiere participar de los beneficios del proyecto: contratos para proveedores, empleo local, inversiones en infraestructura. Todo eso es legítimo. Lo que no es legítimo —ni serio— es intentar obtenerlo por la vía judicial, sin haber construido previamente lo que San Juan tardó décadas en consolidar: la licencia social para la minería.
Es un consenso que no cayó del cielo. Es el resultado de años de debate político, de construcción institucional y de acuerdos transversales que atravesaron gestiones de distinto signo dentro del peronismo, como las de José Luis Gioja y Sergio Uñac, y que hoy continúa, con otro perfil, bajo la administración de Marcelo Orrego.
Quintela, en cambio, parece querer saltear esa etapa y pretende los resultados sin asumir el desgaste. Y en ese camino, eligió el peor atajo: judicializar una discusión que es, en esencia, política y territorial.
Lo más llamativo es que ni siquiera tiene alineada a su propia base. En Guandacol, la comunidad más cercana al proyecto, los vecinos no salieron a celebrar el fallo judicial ni a pedir frenos a la actividad. Todo lo contrario: reclamaron diálogo y exigieron la reactivación del camino minero. Es exactamente lo opuesto a lo que su gobernador está impulsando en tribunales.
¿A quién le habla entonces Quintela? Probablemente a un segmento del electorado riojano donde el discurso patriotero de corte proriojano todavía tiene rédito. Pero incluso en ese terreno, la juagada puede resultarle negativa si no obtiene los resultados esperados con un expediente jurídicamente endeble. Tiene el riesgo de quedar atrapado en una narrativa que no resuelve nada.
Mientras tanto, en el mundo, el impacto ya se siente. Los inversores que deben decidir sobre un desembolso de 18.000 millones de dólares miran con preocupación una disputa que no figuraba en el radar. “Inquietud” fue la palabra elegida por el vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, para calificar el pensamiento de los empresarios mineros tras el conflicto que instaló La Rioja.
Ahora bien, si algo dejó este episodio fue una reacción política pocas veces vista en San Juan, que además se tradujo en acciones concretas. En el Congreso de la Nación, los diputados del orreguismo avanzaron con un proyecto de “enérgico rechazo” al accionar de La Rioja por considerarlo un avasallamiento de las competencias provinciales. El representante de Javier Milei en San Juan, el diputado José Peluc, hizo lo propio y hasta marcó el absurdo de Quintela en los medios: "Quiere que revivamos a Juan Jufré", dijo sobre la discusión limítrofe.
En paralelo, en la Legislatura provincial, el Partido Bloquista impulsó una iniciativa en el mismo sentido, reforzando la defensa del desarrollo minero como política de Estado. Y desde el peronismo sanjuanino, lejos de alinearse con un gobernador del mismo signo político, un sector encabezado por Mauricio Ibarra planteó la necesidad de “confluir en una respuesta pluripartidista” frente al ataque judicial contra Vicuña y, por extensión, contra los intereses de la provincia.
Esa batería de pronunciamientos le dio volumen institucional a la respuesta sanjuanina y dejó en evidencia una diferencia clave: mientras en La Rioja el conflicto parece responder a una estrategia individual, en San Juan la minería sigue siendo una política transversal, defendida — aún con matices— por todo el arco político con vocación de gobierno. Los que tienen los votos, los que representan, no tienen dudas respecto al motor minero.
El conflicto también tuvo otros efectos. La minería volvió al centro de la agenda pública, con una cobertura mediática intensa y homogénea. Y, sobre todo, permitió a Orrego revitarlizar el liderazgo en un terreno sensible.
El Gobernador fijó posición: “Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque”. Además construyó una señal política de alto impacto: la foto con trece embajadores europeos en Casa de Gobierno, todos interesados en el desarrollo minero provincial. Un gesto que funcionó como mensaje hacia los inversores y como contraste implícito con la estrategia riojana. Es una foto que Quintela nunca podría mostrar.
No todo fue prolijo en el frente interno. Hubo dos desaciertos que empañaron, aunque marginalmente, la respuesta política. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, decidió partidizar el conflicto al sugerir vínculos entre Quintela y el kirchnerismo sanjuanino, con Sergio Uñac en el centro de la escena. El exgobernador y senador respondió como si se tratara de un agravio judicial, con una carta documento. Ambos se equivocaron: uno por politizar un tema estratégico; el otro, por judicializar un cruce que era, claramente, un análisis político.
Pero esos deslices no alteran el cuadro general. Si algo dejó en evidencia el episodio de La Rioja con Vicuña es la diferencia de modelos. De un lado, una provincia que construyó —con aciertos y errores— una política minera sostenida en el tiempo. Del otro, una dirigencia que, frente a cuentas en rojo y sin una estrategia propia, intenta capturar parte de ese proceso desde afuera.
El punto más alto del absurdo llegó cuando Quintela deslizó la posibilidad de discutir los límites entre La Rioja y San Juan. El conflicto dejó de ser preocupante para volverse directamente surrealista. Porque si la minería necesita reglas claras, previsibilidad y acuerdos duraderos, lo que ofrece La Rioja es exactamente lo contrario, al menos por ahora: incertidumbre, improvisación y un problema judicial.
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