El Senado sancionó este jueves, con 47 votos -22 en contra-, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión.
El Senado sancionó el Tratado de Patentes y la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros
La Cámara alta aprobó el primer tema en 1998 -no pierde vigencia-, pero Diputados hizo reserva de un capítulo en agosto y lo devolvió modificado para su aval final.
Además, durante el convite en el recinto obtuvo luz verde -42 adhesiones y 26 rechazos- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios locales y, antes de llegar al recinto, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros. Fue un generoso guiño.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una ‘start up’ tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, explicó el miembro informante y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa).
Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca) expresó que, con el convenio, “los investigadores van a tener que hacer menos trámites, van a poder incorporarse al mundo con su patente con una ventanilla única, pero la Argentina seguirá teniendo la soberanía para decidir si esa patente es útil o no”. En tanto, la peronista disidente Flavia Royón (Salta), sostuvo que el tratado que “con una sola solicitud en el INPI se pueda proteger el invento en los 159 países que están en el sistema”, algo a favor del “sistema científico y tecnológico”.
No pensó igual el jefe kirchnerista, José Mayans (Catamarca), quien metió varios temas en su discurso -suele hacerlo- y advirtió: “Como parte del tratado de libre comercio con los Estados Unidos -aún no tratado por el Congreso-, la Argentina le levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y le garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”.
Propiedad privada
La ley reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. En cuanto a expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.
Sobre la última cuestión se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
En ese sentido, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
Otro ítem de ese capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
Para los desalojos, “si es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea. Esto preocupó a algunas bancadas durante el trámite del proyecto, en ambas Cámaras.
Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.
“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, enfatiza el articulado.
Ley Joaquín
El proyecto activa la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”. Se sancionó por unanimidad, con 68 votos.
La norma lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica. Éste fue uno de los casos mencionados en el recinto, con nombre y apellido, por el radical y vice de la comisión de Deportes, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).
Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.
Cabotaje
Entre sus ítems más importantes amplía el transporte de cargas por agua, incorpora nuevos operadores, simplifica trámites y aprovecha los puertos argentinos para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales. Consiguió 42 avales y 24 rechazos.
La iniciativa es empujada por varios distritos del norte. Por caso, la chaqueña Silvana Schneider (UCR) habló de una “dificultad que no podemos ignorar”, con “una buena parte de nuestros puertos” donde “no existe una oferta competitiva para atender las necesidades”.
Schneider luego fue al nervio central, con un ejemplo claro de la realidad local: con navegabilidad en barcaza hacia el puerto de Rosario, cada tonelada implicaría un 24% más para productor en el campo que por tierra, con un flete de 700 kilómetros.
Pasada la medianoche, se tuvieron que leer varias modificaciones extra y ello derivó en un momento de desprolijidad, tras más de 12 horas de sesión. Desde el kirchnerismo acusaron a una de las impulsoras, su ex colega Carolina Moisés (Jujuy), de faltarle el respeto al recinto. Entre líneas, la trifulca de fondo fue entre representantes de los intereses de gremios camioneros versus algunos gobernadores y la Casa Rosada, que celebró la aprobación.
Violencia
Otro proyecto que avanzó fue el de la macrista Andrea Cristina (Chubut), que impone que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes”. Votado por unanimidad por 62 legisladores.
Antes de esto, el pleno votó la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. También le dio el visto bueno a varios convenios internacionales, entre ellos, el Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y se aprobó la transferencia de varios inmuebles que eran propiedad del Estado nacional a las provincias.