La Justicia suspendió provisoriamente la aplicación de las multas diarias de $100.000 contra el Gobierno nacional por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
Financiamiento universitario: la Justicia frenó las multas diarias de $100.000 al Gobierno
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió con efecto suspensivo la apelación del Estado contra las sanciones impuestas a Diego Santilli. La medida es provisoria y no resuelve la disputa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que dispuso que la apelación presentada por el Estado tramite con efecto suspensivo.
El recurso cuestiona la sanción impuesta por el juez federal Martín Cormick al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que considerara incumplida una orden judicial relacionada con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y el financiamiento de las becas estudiantiles.
La Cámara admitió la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó al juzgado de primera instancia que conceda el recurso con efecto suspensivo. De esta manera, las astreintes —multas económicas destinadas a presionar para que se cumpla una orden judicial— quedan en pausa mientras se tramita la apelación.
Por qué habían impuesto las multas al Gobierno
La sanción había sido dispuesta por Cormick después de que venciera el plazo otorgado al Poder Ejecutivo para cumplir con la medida cautelar. El magistrado tomó la decisión tras un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había solicitado que se hiciera efectivo el apercibimiento por la falta de cumplimiento.
El Gobierno sostuvo en su presentación judicial que la cautelar ya había sido cumplida y solicitó que la apelación tuviera efecto suspensivo. Cormick rechazó ese planteo, por lo que el Estado recurrió a la Cámara para cuestionar esa decisión.
Además de fijar la multa diaria de $100.000, el juez había dejado abierta la posibilidad de modificar el monto o ampliar la nómina de funcionarios alcanzados por la sanción si persistía la situación.
La resolución de la Cámara no determina si el Gobierno cumplió efectivamente con la cautelar ni resuelve el fondo de la controversia. Tampoco declara inválida la Ley de Financiamiento Universitario. Por el momento, únicamente suspende la aplicación de las multas mientras continúa el trámite judicial de la apelación.
La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto judicial se originó en una demanda del Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos necesarios para sostenerla.
El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló ese fallo, en el marco de una disputa que involucra la actualización salarial del personal universitario y los fondos destinados a las becas estudiantiles.
La cautelar que ordena esas actualizaciones había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de 2026. Ahora, mientras continúa la discusión judicial sobre el alcance y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, la sanción económica contra el Gobierno permanece suspendida de manera provisoria.