El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles. La resolución se conoció este miércoles 14 de octubre, a pocas horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La sanción, conocida como astreinte, busca presionar para que se cumpla la orden judicial. En su resolución, Cormick sostuvo que corresponde aplicar el apercibimiento dispuesto previamente ante el incumplimiento verificado. Además, advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse.
Una cautelar que sigue vigente
La decisión del magistrado respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado nacional continúa sin cumplir la medida cautelar, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.
Antes de imponer la sanción, Cormick había intimado al Gobierno a cumplir la resolución en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Luego extendió el plazo por otros cinco días. Según lo expuesto por la parte demandante, una vez vencidas ambas instancias, los pagos reclamados todavía no se habían registrado.
El expediente principal, en el que se discute la validez del decreto 759/2025, se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El juez concedió la apelación presentada por el Estado nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la aplicación de la ley, pero rechazó que ese recurso suspendiera los efectos de la medida cautelar.
Por ese motivo, la obligación de cumplir con la actualización salarial y el financiamiento de las becas continúa vigente mientras avanza la discusión judicial.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La norma dispone una recomposición de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas a septiembre de 2025, para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. Según la interpretación aplicada en el reclamo judicial, esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
Además, establece que las remuneraciones deben actualizarse mensualmente de acuerdo con la inflación y contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles.
El incumplimiento de esas disposiciones es el eje del planteo impulsado por el CIN y de la decisión que derivó en la sanción económica contra el jefe de Gabinete.
La defensa del Gobierno nacional
En su apelación, el Gobierno argumentó que la medida judicial afecta el normal funcionamiento del Estado, porque obliga a realizar pagos sin que, según su postura, estén determinadas con precisión las sumas adeudadas ni el alcance concreto de las obligaciones.
También cuestionó que la resolución no establezca qué monto o porcentaje debe abonar para considerar cumplida la cautelar. Por eso, solicitó que la apelación tuviera efecto suspensivo, pedido que fue rechazado por Cormick.
Como parte de su defensa, el Ejecutivo sostuvo que desde diciembre de 2023 aumentó las partidas destinadas a los salarios universitarios. Según los números presentados por el Estado, con una suba del 21,33% dispuesta en junio de 2026, el incremento acumulado alcanzó el 226,80%, por encima del 226,40% que el Gobierno consideró correspondiente para el período que tomó como referencia.
Además, señaló que, una vez que la cautelar quedó firme, convocó a la paritaria trimestral prevista en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. En ese marco, indicó que propuso un aumento del 3% para septiembre de 2026, complementario de otro 3% acordado en junio y con impacto en los haberes de octubre.
El Ejecutivo sostuvo que ambas subas representarían una actualización superior al 6% y responderían a la recomposición vinculada con la inflación de junio, julio y agosto.
Por último, cuestionó el cálculo que llevaría a exigir un incremento salarial acumulado del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Según argumentó, ese criterio contradice la Ley de Presupuesto 2026, que no contempló partidas para afrontar una suba de esa magnitud.
La resolución de Cormick suma un nuevo capítulo al conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. La multa diaria contra Santilli se conoció en la antesala de una nueva movilización universitaria, en la que docentes, estudiantes y autoridades reclamarán el cumplimiento de la ley y la recomposición del financiamiento del sistema.
